Fernando Huamán Flores

En los sistemas democráticos los estudios de opinión pública se han convertido en importantes termómetros del clima social y . Son instrumentos para la toma de decisiones; por eso mismo, es relevante conocer no solo si sus resultados responden a la realidad, sino cuál es su capacidad de influencia en el actual contexto de permanente crisis política nacional.

¿Pueden las manipular a la opinión pública y condicionar una elección? Para dar respuesta a esta interrogante se requiere conocer, por un lado, el comportamiento electoral frente a los resultados de las encuestas y, por el otro, saber si existen los suficientes mecanismos institucionales para fiscalizar el trabajo de las empresas que miden la percepción social.

Los efectos de las encuestas forman parte de las clásicas preocupaciones de quienes investigan los fenómenos de la opinión pública. Ya desde los años 80, el sociólogo alemán Wolfgang Donsbach dio una alerta importante: las encuestas de intención de voto afectan, principalmente, a las poblaciones que no están interesadas en política.

Actualmente, los peruanos asistimos a una saturación informativa por la constante crisis política, lo que ha ocasionado poco interés en las elecciones regionales y municipales, al punto de que la campaña electoral apenas ha durado poco más de un mes. Esto ha traído como consecuencia, en términos generales, que la población no sepa definitivamente por quién votar, hasta una semana antes de la elección, tal y como lo han evidenciado las empresas encuestadoras.

A la crisis política se suma, además, una crisis institucional, donde se cuestiona el papel de las instituciones que vehiculizan la participación ciudadana. Si revisamos, por ejemplo, el último estudio de Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia e Instituciones (INEI, 2022), veremos que los partidos políticos encabezan el ránking de las instituciones menos confiables en el país (92%), seguidos del Congreso de la República (88%) y de los gobiernos regionales (79%).

Estas condiciones favorecen el poder de persuasión de las encuestas. Como la población no está interesada en temas políticos, por la sobresaturación informativa y por la permanente desconfianza institucional, los ciudadanos tomarán decisiones con la información de las encuestas. Por ello, en estas elecciones más que en otras, los peruanos decidieron sobre un marco específico, delimitado por los candidatos que iban liderando los estudios de intención de voto.

Por este motivo, tanto en Lima como provincias, se ha evidenciado, sobre todo en redes sociales, la presencia de estudios de percepción falsos, carentes de ficha técnica, o que son difundidos por empresas que no tienen registro vigente en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El objetivo de estos intentos de manipulación ha sido, justamente, mostrar una determinada ventana de elección para el gran grupo de ciudadanos decepcionados e indecisos.

Pero el comportamiento electoral no es lo único a tomar en cuenta para comprender el impacto de las encuestas; también es necesario mirar su proceso de fiscalización. Para fiscalizar una encuesta se debe verificar si la persona encuestada vive en el departamento, provincia y distrito seleccionado por el procedimiento de muestreo. Por ello, es importante tener una base de datos con la identificación personal de los encuestados, que permita al equipo de investigación comprobar, por ejemplo, que no se haya encuestado, arbitrariamente, a personas que caminaban por la calle o que se encontraban en un centro comercial.

Lamentablemente, con la normativa vigente (reglamento sobre Encuestas Electorales, 2020), el JNE no puede realizar un sesudo proceso de verificación. Las encuestadoras no están obligadas a presentar la base de datos con la identificación personal de los encuestados. Esta es una tarea pendiente en el escenario político nacional.



Fernando Huamán Flores es director del Centro de Investigación en Opinión Pública, UDEP

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