Richard Webb

Director del Instituto del Perú de la USMP

Hace medio siglo iniciaba mi vida profesional en el Banco Central de Reserva (BCR). La entidad pasaba un mal rato por las críticas a sus políticas conservadoras y se acababa de elegir a un joven Fernando Belaunde Terry, del que se esperaba un giro radical hacia la izquierda. De hecho, su aliado radical, la Democracia Cristiana, consiguió de inmediato el nombramiento de varios jóvenes en cargos técnicos en el BCR. Mientras que otros, con ideas propias de lo que debía ser la política monetaria, se adueñaron del Instituto Nacional de Planificación. Ante tamaño embate, el BCR tenía un talón de Aquiles: la acusación de errores en sus cálculos estadísticos de la economía nacional. Para el banco, entonces, se volvió urgente eliminar esa debilidad que minaba su autoridad técnica, y se decidió realizar una revisión total de su estadística con asesoramiento experto del Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿A quién encargarle dicha tarea? Yo era el recién llegado, y no me quedó de otra.

Si bien acepté la tarea con desgano, esta terminó siendo una magnífica introducción a la economía peruana, además de un aprendizaje sociológico de cómo se hacen y se usan las estadísticas en el Perú. Descubrí, por ejemplo, que unos años antes el Ministerio de Agricultura había reportado una reducción repentina y drástica en la producción de papa, una cifra que generaba dudas porque no se conocía de seguía, plaga u otra posible causa. Un funcionario del ministerio me confesó que se había decidido corregir una exageración que llevaba años. El Perú no producía tanta papa como se decía; un hecho que se reconoció rebajando fuertemente la cifra a partir de ese momento.

Como responsable del PBI, me vi obligado a hacer lo que los funcionarios del ministerio no habían querido hacer: corregir las cifras de los años anteriores en consonancia con la nueva estimación, más realista. Pero para hacerlo, tuve que desobedecer al director de mi oficina en el BCR. Cuando le informaron de que yo iba a cambiar las cifras del ministerio, se escandalizó, gritando: “usted no puede hacer eso. Son datos oficiales”. Me hice el sordo, pero quedé con dudas permanentes ante toda estadística “oficial”.

Con el pasar de los años he visto casos similares. Uno que tuvo consecuencias tanto económicas como políticas fue la exageración de los índices de inflación entre 1978 y 1980 y entre 1988 y 1991. Se descubrió que la fórmula de cálculo había “enloquecido” cuando la inflación entraba a niveles extremos, exagerando la verdadera inflación y caída en los ingresos reales. El descubrimiento era problemático porque muchos compromisos contractuales contenían ajustes en función del índice del costo de vida. Una vez más, se decidió no modificar el dato “oficial”, un silencio que se mantiene a pesar de constituir una distorsión de la historia.

Por eso no debe sorprender el manejo actual de la estadística de fallecimientos por causa del COVID-19. La emergencia y la necesidad de colaboración de la población exigen una información diaria de la situación. Así, se anuncia cada día una cifra oficial de fallecidos. Pero, al mismo tiempo, se tiene constancia de una considerable subestimación en esas cifras oficiales, por diversas razones. Una es que el virus mata a muchos indirectamente –por ejemplo, por infarto–, además de causas más indirectas, como la desnutrición. Se trata de información vital que se requiere en forma detallada, puntual y lo más exacta posible para lograr el control del virus. Una necesidad que tiene un paralelo en las múltiples informaciones cuantitativas que requiere un general en medio de una batalla (¿cuántas balas me quedan? ¿Qué reservas tiene el enemigo? ¿Cuánto demorará llevar este cañón a ese cerro?). En la práctica, casi toda esa información es inexacta o aproximada. La guerra contra el COVID-19 se libra con necesidades similares de datos altamente detallados para calibrar medidas específicas. Pero, al mismo tiempo, exige un dato más formal sobre el avance, que hoy consiste en el número de fallecidos y que, al final, tiene que ser un “dato oficial”. Esa necesidad formal es, a la vez, vital para los fines políticos e imposible, por las razones mencionadas. Vivimos entonces en una esquizofrenia estadística, debatiendo un “dato oficial” de evidente inexactitud, pero que sirve para el debate político, y al mismo tiempo generando múltiples estadísticas detalladas que se necesitan para ganar la guerra.

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