La mala puntería y el populismo

Cuando Irene Chávez, representante de la asociación de ollas comunes, le implora al Ejecutivo por el apoyo necesario para que las familias más vulnerables tengan comida y mantengan su dignidad, lo hace en nombre de 6,2 millones de hermanos que ayer no comieron y que no saben si hoy lo harán. Esto es inseguridad alimentaria grave. Piden trabajo y no regalos, porque hay hambre no solo por el alza de precios, sino porque no hay trabajo decente.

Escucharla nos duele a quienes conocemos esa realidad. Debemos reconocer que no estamos haciendo las cosas bien.

Las razones de esta reciente crisis ya han sido explicadas por los especialistas.

Sin embargo, en el Perú la “estructurada inequidad” y la falta de competitividad no son nuevas y durante los tiempos de crisis, algunos no buscan soluciones, sino culpables: los monopolios. Aducen que prohibiéndolos se solucionará el problema. Ello traduce una visión antitécnica, maniquea y populista de nuestra economía.

Para muestra, un botón. Hace pocos días, en medio de manifestaciones y como colofón de una promesa hecha en el Consejo de Ministros Descentralizado celebrado en Huancayo, el Ejecutivo envió al Congreso una propuesta de modificación del artículo 61 de la Constitución. Esta nueva redacción sigue las indicaciones expresas del Capítulo III del “Ideario y plan de gobierno de Perú Libre” y es una torpe emulación de las Constituciones de 1933 y 1979.

Tengamos presente que los principios constitucionales se llevan a la práctica mediante leyes y reglamentos. Sin ellos, el cambio de un artículo es inoperante. Anticipo que este debate regresará mientras no se implemente un plan de emergencia, se cumplan las normas existentes y se pongan sobre el tapete las reformas estructurales de gestión pública aún pendientes.

Dicha propuesta populista ha sido ampliamente analizada. No obstante, resalto tres aspectos que el Ejecutivo habría obviado “adrede” y que, a mi juicio, son cruciales, para luego plantear caminos de solución. Esto lo expuse cuando estuve a cargo del Indecopi.

El primero es que no se ha estudiado rigurosamente el mercado, ni los factores que limitan la libre competencia y la competitividad nacional.

Según el consenso mundial, los monopolios per se son dañinos para la economía y para los ciudadanos consumidores. Por eso, en nuestra economía, la producción de bienes y la provisión de servicios públicos pasaron, en los años 90, y por recomendación de los organismos internacionales, de estar en manos de los desastrosos monopolios estatales y de pocas empresas privadas (oligopolios) a un sistema de concesiones “supervisadas y reguladas” por los organismos reguladores y a un esquema de competencia entre empresas privadas para satisfacer la demanda.

Hoy, proporcionalmente, nuestro mercado sigue siendo pequeño y no crecerá más si es que no logramos vencer la pobreza a través de la creación de empleos formales.

Segundo, no se han considerado las leyes vigentes y las más recientes, como la Ley 31112 de control previo de concentraciones empresariales, que promovimos conjuntamente el Congreso, el Ejecutivo e Indecopi, y la Ley 31040 sobre acaparamiento/especulación, entre otras. Lo oportuno hubiera sido ajustarlas o fortalecerlas.

Tercero, la propuesta no ha sido debatida en foro alguno, político y técnico. Por el contrario, viene preñada de un discurso confrontacional en medio de una gravísima crisis.

Además de la alardeada prohibición, ¿cuál es la propuesta concreta? ¿Vamos acaso a prohibir las patentes, necesarias para promover la innovación y mejorar nuestra competitividad internacional? ¿Vamos a regresar al caos del transporte público en manos de empresas que incumplen las leyes laborales y no brindan condiciones mínimas de seguridad?

Esta es una agenda pendiente que los diversos gobiernos han eludido o enarbolado por conveniencia. Dicho esto, considero que la manera apropiada de combatir las prácticas anticompetitivas y el abuso de posición de dominio no es con un discurso “antiempresa”, sino aplicando las normas existentes, promoviendo el empleo, creando un entorno “pronegocios” y optimizando la política regulatoria, especialmente en los mercados altamente concentrados.

Reafirmo lo que he propuesto en materia regulatoria. Las principales medidas de mediano plazo debieran ser: 1) la reforma de los organismos reguladores de acuerdo con las siete recomendaciones de la OCDE, 2) la modernización de las políticas regulatorias orientada a la eficiencia y eficacia, 3) la reforma del Indecopi basada en cuatro ejes –su constitucionalización (existe una propuesta en el Congreso) para darle autonomía ejecutiva y capacidad de propuesta legislativa, la asignación de un presupuesto que no dependa de lo recaudado por multas/tasas, la renovación de sus capacidades técnicas y una reestructuración de sus órganos resolutivos–, la 4) reforma en el fuero judicial de los procedimientos relativos a las prácticas anticompetitivas para hacerlos más eficientes y ágiles, y, finalmente, 5) implementar una política procompetencia articulada con las políticas económicas.

Como peruana y profesional al servicio de mi país, me resisto a creer que el Perú será una utopía trasnochada. Por eso, llamo a todos mis colegas para que, dejando de lado nuestras opiniones individuales, sumemos nuestros conocimientos junto al sector empresarial para formular y presentar al Ejecutivo y al Congreso un plan de emergencia que conduzca a una transición consensuada y viable para los siguientes seis meses.