La pandemia y la crisis en la educación universitaria, por Juan Manuel Ostoja

Si a esto se le suma, la falta de una política de aseguramiento de la calidad educativa, que permitió el funcionamiento de instituciones incapaces de cumplir con una adecuada formación académica, y que ha resultado en el cierre necesario, por parte de la Sunedu, de 43 universidades que no cumplían los estándares mínimos de calidad, pero que afectará a 200 mil estudiantes de esas universidades, cuya continuidad educativa está en peligro. Podemos observar el gran reto que representa para la educación superior, el permitir a más jóvenes la posibilidad de acceder a una formación de calidad que les permita un futuro profesional.

PARA SUSCRIPTORES:

Ahora, a esta preocupación de asegurar la matrícula y permitir el acceso a una educación de calidad, se ha sumado en los últimos meses la crisis sanitaria que estamos afrontando, que ha obligado a las universidades privadas a adquirir plataformas tecnológicas y equipos para la enseñanza no presencial; otorgar becas de emergencia; refinanciar las cuotas de las pensiones, y exonerarlas de intereses, moras, y gastos administrativos; así como entregar equipos y subvención con recargas de internet a estudiantes y profesores con falta de conectividad.

Las universidades licenciadas están invirtiendo más allá de lo programado, recurriendo en algunos casos a fuentes externas de financiamiento. Actualmente, se evidencia un alto índice de disminución en matrículas; una deserción mayor al 15% y que llegaría al 35% para el próximo semestre; y, un incremento permanente de la morosidad en los pagos de las pensiones que llegan a niveles del 50%, haciendo insostenible el funcionamiento de las universidades privadas. Lo que estimaría una población universitaria de 350 mil estudiantes en peligro de deserción, más una población de institutos tecnológicos de 250 mil estudiantes en la misma situación.

A un año del bicentenario del Perú, corremos el grave riesgo de retroceder más de 10 años en la tasa de cobertura en educación superior, convirtiendo a más de 500 mil jóvenes talentosos en los llamados Ninis (aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan), provocando graves consecuencias políticas y sociales. Esto restaría personal calificado a la fuerza laboral, incidiendo negativamente en la competitividad de nuestros profesionales, convirtiéndose en una catástrofe para la recuperación económica y el desarrollo del Perú.

Por ello, es urgente que el Estado priorice los gastos en el Sector Educación, destinando todos los aportes que por concepto de Impuesto a la Renta efectúan las instituciones educativas privadas en favor de los estudiantes de bajos recursos. Asimismo, implementando préstamos estudiantiles con intereses blandos y becas de emergencia que superen las invertidas hasta hoy, que son insuficientes para atender a más de 500 mil jóvenes en riesgo de dejar de estudiar. La solución a la crisis actual en educación superior, exige que el Estado en su rol de garante de la educación, trabaje de la mano con las universidades para ayudar a todos los jóvenes, que son presente y futuro del país.

(*) Juan Manuel Ostoja es CEO de la Universidad San Ignacio de Loyola y presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes).