La reforma universitaria trunca y los retos de la investigación en el Perú

Diez años después de la aprobación de la Ley 30220, considerada una Reforma Universitaria, su desmantelamiento avanza sin tregua, disparado por la Ley 31520, expresando la articulación, con el poder político, de intereses comerciales que ahora discurren rampantes en el mundo de la educación superior en el Perú.

Los efectos de este retroceso se evidenciarían centralmente en el licenciamiento de instituciones y en la acreditación de programas académicos. Universidades que no superaron procesos de licenciamiento con exigencias mínimamente razonables, serían ahora acogidas sin mayores condiciones por un sistema complaciente. Y programas académicos que no fueron acreditados por no ofrecer condiciones básicas de calidad, hoy, liberados de tan molesto requisito, podrán operar tras informarse al Estado sobre su existencia.

En el caso de la investigación, los efectos de esta contrarreforma revertirían también los avances alcanzados. En estas líneas queremos centrarnos en la investigación científica, analizando qué se avanzó con la ley; cómo la contrarreforma podría afectarlo, y cómo el Sinacti podría seguir impulsando la superación de ciertas barreras al desarrollo de la investigación en el Perú.

La estandarización del foco en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) perseguida por la ley implicó la creación de vicerrectorados de investigación, con funciones también en desarrollo, transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento; y, sobre todo, el requerimiento, para los docentes principales, de formación doctoral con una producción científica regular; creó la figura del docente investigador y su bonificación, e introdujo estándares e indicadores de productividad en investigación tomados en cuenta en el licenciamiento universitario a cargo de Sunedu.

De igual forma, planteó exigencias a los organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti): mayor financiamiento competitivo de proyectos de investigación e innovación; desarrollo de infraestructura para investigación; fortalecimiento de programas doctorales, y otros. La contrarreforma se expresa sobre todo en el debilitamiento de la Sunedu, prácticamente desactivando el licenciamiento universitario, lo que eliminará incentivos para mejorar los indicadores de productividad científica, además de la reiterada postergación de la obligatoriedad del grado doctoral para los docentes principales.

La meta de desarrollo universitario a la que aspiraba la Ley Universitaria (también expresada en las políticas de CTI) imagina a las universidades del país como nodos de generación de conocimiento que alcanzan un nivel competitivo en el contexto internacional. Aunque está pendiente una evaluación formal, el III Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú (Sunedu, 2021), el último disponible, muestra notables logros de la implementación de esta ley, a través de los cambios implementados por las universidades para su licenciamiento, y de los programas lanzados por Concytec: se cuadruplicó el número de publicaciones de nuestras universidades en revisas indizadas; se incrementó significativamente la proporción de docentes registrados en el Renacyt, y la innovación dio un gran salto.

Ahora bien, el camino es largo, y la implementación progresiva de programas a través del Sinacti podría conducir, según el citado informe, a un mayor enfoque de los doctorados en disciplinas STEM y una mayor vinculación de los mismos con investigación de alto impacto; así como a un desarrollo universitario menos centrado en Lima. La tarea pendiente en el Sinacti no es sencilla, pues, además de requerirse un grado mínimo de estabilidad política y social en el país, el florecimiento de las universidades (asumiendo que tienen infraestructura y personal idóneos) implica la existencia de un núcleo local con un nivel básico de capital cultural (concepto de Bourdieu que alude a formas de conocimiento adquirido o legitimado por la educación formal, que genera ‘respetabilidad’) que demande y soporte estándares adecuados, de modo que dicho capital se expanda con la certificación educativa.

El capital cultural suele asociarse al bienestar y exposición a otras realidades, poco común en un Perú tan centralista y dispar, en el que es posible acumular capital económico sin poseer capital cultural. Si bien la transformación de este sistema requiere acción multisectorial de largo plazo, hay políticas que en el Sinacti ya se han venido implementando y deben seguirse potenciando, que contribuyen de forma directa a impulsar o complementar el capital cultural, tales como (entre otras): Fomentar la integración en redes colaborativas internacionales, crítica para el acceso no solo a otras fuentes financieras, sino sobre todo a culturas científicas bien establecidas; constituir redes nacionales de colaboración paritaria entre investigadores de universidades en varias ciudades, que complementan el capital cultural disponible localmente; e impulsar y acompañar el liderazgo de algunas autoridades, que puede generar y aprovechar oportunidades creativamente, logrando círculos virtuosos.

En conclusión, para seguir avanzando en el desarrollo de universidades que investiguen, restituir el licenciamiento universitario es crítico, así como mantener y fortalecer políticas de CTI que contribuyen directamente a crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación en el Perú.