Bjorn Lomborg

La es un enorme reto mundial que probablemente cuesta más de un billón de dólares al año; esto es, alrededor de US$120 por persona en el mundo. Los líderes mundiales llevan mucho tiempo prometiendo poner límites a la corrupción, pero, por desgracia, eso no ha ocurrido. Ahora, una identifica una forma sorprendentemente sencilla y barata de reducir la corrupción que también puede hacer ganar a los países cientos de millones o incluso miles de millones de dólares.

Una de las razones por las que es tan difícil combatir la corrupción es que los funcionarios que aceptan sobornos obtienen un beneficio increíble, mientras que los clientes que pagan también consiguen, a menudo, un mejor o más rápido servicio. Frente a esta realidad, los políticos han prometido reducir sustancialmente la corrupción entre el 2016 y el 2030 como parte de los llamados , acordados por todos los gobiernos del mundo.

Lamentablemente, los políticos no están cumpliendo. El de Transparencia Internacional muestra que, a nivel mundial, no ha habido absolutamente ningún progreso en la última década. El mundo era tan corrupto en el 2022 como cuando se inició la medición, en el 2012. Considerando esta información, no vamos a reducir la corrupción en el 2030, ni en ningún momento en el futuro.

Reducir la corrupción no es la única promesa global que estamos incumpliendo. De hecho, es solo una de las cientos de grandes promesas de los ODS para el 2030 y estamos fracasando en casi todas. Según las tendencias actuales, alcanzaremos las promesas de desarrollo con medio siglo de retraso. Tenemos que hacerlo mejor y ahora es el momento adecuado para iniciar esta conversación: el 2023 es la mitad del plazo para alcanzar las promesas de los ODS, pero no estamos ni en la mitad del camino para lograrlo.

Por eso, mi grupo de reflexión, el Copenhagen Consensus Center, ha trabajado durante años con docenas de los mejores economistas del mundo para identificar las áreas en las que se puede avanzar más. Debemos adoptar primero las políticas más inteligentes. Nuestro nuevo estudio sobre la corrupción muestra que mejorar la contratación pública debería ser una prioridad para muchos gobiernos.

En casi todos los países, el gobierno es, sin duda, el mayor comprador de obras, bienes y servicios del sector privado. La contratación pública suma casi es decir, el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. En los países donde vive la mitad más pobre de la población mundial, la contratación pública representa la asombrosa mitad de todo el gasto público.

Esta contratación puede ser menos corrupta y más eficaz si se pone todo el sistema en línea, haciéndolo transparente. La contratación electrónica o ‘e-procurement’ permite que muchas más empresas se enteren de las ofertas de contratación, garantiza que se puedan presentar más ofertas y significa que los gobiernos pierden menos dinero por corrupción y despilfarro.

El Perú ya introdujo su primer sistema de contratación electrónica en el 2004, pero cuatro de cada diez países de ingresos bajos y medios-bajos aún carecen de un sistema completo de contratación electrónica. La investigación muestra que se tarda un año en promedio para planificar un sistema de contratación electrónica, otro año y medio para diseñarlo y construirlo, y 2,5 años para ponerlo a prueba. A lo largo de los 12 primeros años, el costo medio es de US$16,7 millones, independientemente del tamaño del país; una cantidad insignificante comparada con la mayoría de los presupuestos públicos.

Los beneficios son muchos. Un sistema de contratación electrónica bien diseñado permite una supervisión proactiva y la detección de casos de corrupción, lo que significa que los problemas pueden señalarse automáticamente para que se tomen medidas. Y la contratación electrónica aumenta el número de licitadores: en el estado indio de Karnataka, el número de proveedores pasó de 130 a 4.800 en los tres primeros años. Y los gobiernos pueden gastar menos en publicidad para las licitaciones cuando disponen de un sistema de fácil acceso. El gobierno filipino ahorró US$9 millones anuales en anuncios.

Y, lo que es más importante, la introducción de la contratación electrónica acelera el proceso de contratación. En Corea del Sur, la contratación electrónica redujo la duración del proceso de licitación de un promedio de 30 a solo dos horas, mientras que en Argentina la duración del proceso se redujo en más de 11 días. Por supuesto, hacer las cosas rápido no es lo mismo que hacerlas bien, pero hay pruebas de que la digitalización de la contratación implica una mejor supervisión y una mejor prestación de servicios. India, por ejemplo, registró un aumento del 12% en el grado de calidad de las carreteras tras cambiar a un sistema de contratación electrónica.

Quizás la más importante y bien documentada consecuencia es que la contratación electrónica reduce el costo total del gasto público. Nuestra investigación muestra que el ahorro promedio es del 6,75% y eso es importante cuando se gastan miles de millones. Para el país promedio de ingresos bajos, esto significa que el ahorro a lo largo de los 12 primeros años asciende a más de US$600 millones. Por cada dólar gastado, el país de ingresos bajos obtendrá un ahorro de US$38. Para los países de ingresos medios-bajos, el ahorro promedio es de más de US$5.000 millones en los primeros 12 años, lo que significa que cada dólar gastado genera más de US$300 de beneficios sociales. Esto convierte a la contratación electrónica en una de las políticas más eficaces del mundo.

Puede que acabar con la corrupción por completo no esté a nuestro alcance, pero hay pruebas convincentes de que, en todo el mundo, la contratación electrónica puede reducirla, a bajo costo, mientras beneficia a las sociedades.

Bjorn Lomborg es presidente del Copenhagen Consensus Center