La verdadera cara de Carrie Lam, por Alan Leong

Hong Kong se ha enorgullecido de respetar el Estado de derecho. Es uno de los atributos que hacen que se distinga de las ciudades del continente chino. Nuestra práctica del derecho consuetudinario, junto con un Poder Judicial independiente servido por jueces de alto calibre, nos ha ganado la confianza de socios comerciales en todo el mundo.

Todo esto cambió el viernes pasado cuando Carrie Lam, la asediada jefa del Ejecutivo de Hong Kong, decidió unilateralmente invocar la Ordenanza de Regulaciones de Emergencia para prohibir las máscaras faciales y otros revestimientos en reuniones públicas. El nuevo reglamento declara delito cubrirse el rostro para ocultar la identidad, incluso si se participa en marchas legales.

Lam dijo que la prohibición fue diseñada para detener la violencia y restablecer el orden, pero su medida solo agregó combustible al fuego. Miles de personas, con máscaras, salieron a las calles todo el fin de semana.

Desde que Hong Kong volvió a la soberanía china en 1997, ha tenido su propia Constitución, la Ley Fundamental, que se supone que protege la autonomía de la ciudad de China bajo el principio de “Un país, dos sistemas”.

El viernes, Lam violó ciertas disposiciones de la Ley Fundamental. Por poner un ejemplo: usurpó la función legislativa del Consejo Legislativo al saltarlo por completo. El reglamento no debería haber entrado en vigor hasta que el Parlamento lo haya revisado.

Lam anunció la prohibición por fíat, y con eso, Hong Kong se ha acercado un paso más a convertirse en un régimen autoritario, gobernado a gusto del Ejecutivo sin garantías institucionales o sistémicas.

La invocación de la ordenanza de emergencia es ilegal, por lo que la prohibición de la máscara facial debe considerarse inherentemente nula.

Lam conoce este hecho demasiado bien, y sabe que aún puede perder cualquier revisión judicial de la constitucionalidad de la ley. Entonces, ¿por qué hizo esto? Según los informes, inicialmente se mostró reacia a aprobar la medida. Pero luego, de repente, la aprobó, solo tres días después de regresar de Beijing, donde asistió a las celebraciones por el aniversario 70 de la República Popular China.

El presidente Xi Jinping podría haberle dado la orden de ponerla en marcha.

El cálculo de las autoridades parece ser que si se prohíben las máscaras, las manifestaciones futuras serán más pequeñas. Algunos manifestantes no serán disuadidos. Pero otros serán reacios a reunirse o marchar.

Al mismo tiempo, el rechazo de los manifestantes este fin de semana fue tan predecible que es imposible no pensar que también fue un efecto deseado. Lam y el PCCh luego pueden invocar cualquier deterioro para catalogar al movimiento de revoltoso y a sus participantes como vándalos.

Una de sus esperanzas es que más hong-koneses puedan distanciarse del movimiento debido a que es más costoso socialmente.

Una explicación más siniestra es que una mayor violencia en las calles podría convertirse en una excusa para imponer un toque de queda, formal o de facto, y aprobar otras regulaciones de emergencia extrema.

Los legisladores del campo democrático han comenzado una batalla legal desafiando la ordenanza de Lam y están pidiendo que se revise judicialmente. El Tribunal Superior se negó este fin de semana a dar una orden interina para evitar que la prohibición surta efecto de forma inmediata, pero ha dicho que el caso podría ser escuchado en su totalidad antes de finales de octubre.

Ya sabíamos que “Un país, dos sistemas” se estaba muriendo; ahora sabemos que el Estado de derecho también.

–Glosado y editado–

© The New York Times