¿El fin de la larga noche?, por César Bazán Seminario

Una mala educación en cualquier ámbito profesional es una pérdida de tiempo y recursos, además de un engaño a la sociedad. Por ejemplo, un gerente que no sabe dirigir, una abogada que defiende con tinterilladas, un psicólogo que manipula a sus pacientes. Este también es el caso de los efectivos policiales. La crisis del sistema educativo y el deterioro de la institución han dado como resultado que tengamos en las calles a cientos de policías a los que las escuelas de formación nunca les enseñaron cómo hacer su trabajo correctamente. 

Hace cuatro años, en medio de una delegación de facultades, el gobierno de turno dictó el Decreto Legislativo 1151, Ley del Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que cambió algunos aspectos de la formación policial. Pero en la realidad no transformó el sistema. Teníamos una mejor ley, pero no policías mejor preparados, porque las mismas viejas prácticas educativas se mantuvieron.

En el marco de la actual delegación de facultades, el gobierno ha emitido el Decreto Legislativo 1318, que regula la formación profesional de la PNP y trae algunos elementos que se deben resaltar.

La principal novedad es la creación de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial como órgano rector de la política de orden interno y seguridad. Aunque suene amplio y difuso, el perfil de la escuela busca aclararse –con poco éxito– en el artículo 7, al definirla como un órgano de gestión educativa encargado de organizar, impartir, evaluar y certificar la formación profesional de los estudiantes y el personal policial. Ella dependerá de la policía y tendrá control propio de sus recursos, al ser unidad ejecutora. 

¿Quiénes conforman su consejo directivo?, ¿cómo ejercerá sus funciones?, son algunas de las preguntas que la ley deja al reglamento. Al igual que otras preguntas importantes: ¿cuál es su relación con la Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina de la PNP?, ¿deberá –como sería recomendable– ser un civil quien esté a cargo de esta escuela?

La ley es corta y deja mucho a los reglamentos. El principal de ellos deberá emitirse a más tardar a inicios de marzo y su aprobación condiciona la entrada en vigencia de la misma ley. Es decir, si no sale el reglamento, no hay ley vigente. Peligrosa condición. 

Finalmente, resalto tres temas positivos. El primero es que el artículo 16 pone énfasis en la necesidad de que los policías produzcan conocimiento científico, lo cual es una de las tareas básicas de los espacios académicos. El segundo es que está en la ley que no se sancionará a estudiantes por gestación, maternidad, paternidad. Y, tercero, en el largo listado de infracciones disciplinarias, además de las evidentes (asesinato, agredir u ofender física o verbalmente, acoso, etc.), el plagio será duramente sancionado. Hay muchos otros puntos para comentar, pero el espacio es limitado.

¿Será este el fin de la larga noche de la educación policial? No lo sabemos. Las prácticas institucionales que corroyeron el proceso de reforma iniciado en el 2002 y que convirtieron en papel mojado el Decreto Legislativo 1151 están fuertemente asentadas en la cultura policial (y en la sociedad peruana, en general). Por eso, es estratégicamente correcto que el cambio en la educación policial se dé como parte de una reforma mayor, que promueve una cultura institucional distinta. Para el bien de los ciudadanos y en detrimento de los delincuentes, nos conviene que este cambio tenga éxito.

PD. Conozco muchos efectivos policiales, varones y mujeres, en actividad y en retiro, que han logrado superponerse a la deficiente educación que recibieron. Ellos han conseguido, por sus propios méritos, lo que el sistema educativo les negó. Lograr una formación policial de calidad es una reivindicación al esfuerzo extra que ellos debieron hacer para honrar el uniforme.