Las Bambas: la tregua no es solución, por Jaime Polar Paredes

La situación de conflicto en torno a la mina Las Bambas genera un ambiente de inestabilidad permanente para la industria minera del Perú, pero quienes más sienten los efectos de ello son las comunidades del entorno. Y es que el desarrollo productivo de la empresa minera conlleva al desarrollo de actividades múltiples en los que interactúan los comercios locales y emprendedores de la zona.

En el caso de la minera Las Bambas, que mantiene una “tregua” con las comunidades campesinas de Chumbivilcas, viene operando a una capacidad del 50%. Estamos hablando de menor demanda de alimentación para su personal, menos demanda de servicios de transporte, menos ingresos para los hospedajes de la zona, menor demanda de servicios técnicos y de mecánica, etc. Para tener una idea de ello, de acuerdo con un estudio de Macroconsult, solo en febrero el consumo de electricidad de la empresa se redujo en un 48%. A ello se suman, desde luego, los US$9,5 millones en pérdidas diarias para el Estado que generaría una nueva paralización de actividades.

Una “tregua” no es una solución para un conflicto. Esta prolonga en el tiempo un escenario de desconfianza e inestabilidad permanente, que tiene un alto costo económico y social para la población. Estamos en un escenario en el que grupos sociales condicionan a un Estado a cumplir sus propias reglas y normativas bajo la amenaza de bloquear carreteras o atentar contra la propiedad privada.

Un conflicto social debe abordarse con liderazgo y profesionalismo, sin permitir que se vulnere el estado de derecho y la institucionalidad en el país. Resulta preocupante que en los últimos dos meses no se haya resuelto conflicto social alguno, según ha precisado la Defensoría del Pueblo en un reciente reporte. Por el contrario, los conflictos aumentan, generando climas de hostilidad en las regiones y, por lo tanto, afectando a las personas en su día a día, en el desarrollo de sus actividades, en el trabajo, entre otros aspectos que son el soporte de su bienestar.

De igual manera, es necesario establecer una política de prevención hacia la conflictividad social. Las comunidades demandan atención a sus necesidades elementales y hay brechas a nivel de salud, educación, agua, saneamiento, etc. No esperemos que estas demandas impliquen medidas de violencia, sino, más bien, generemos las condiciones para potenciar la inversión pública y privada en proyectos que contribuyan a mejorar los accesos a servicios básicos y mejorar la calidad de vida de las comunidades.