El 12 junio de 1834 el general Luis José de Orbegoso y Moncada, presidente provisional del Perú, creó la Beneficencia Pública de Lima como una institución ciudadana para hacerse cargo de los más pobres de la capital. Así, la Beneficencia de Lima es una de las instituciones más antiguas e importantes de nuestro país.
El término ‘beneficencia’ proviene del latín bene (bien) y facer (hacer); es decir, “hacer el bien”. Por definición, entonces, toda actividad benéfica es un acto de bien, de bondad, de caridad, de solidaridad.
Es muy importante que se la haya encargado a los ciudadanos asumir esta responsabilidad. El Estado nunca puso dinero para este fin, pero sí daba las facilidades para que los ciudadanos de a pie pudiesen otorgar donaciones o diferentes aportes para el sostenimiento de esta noble institución y de los programas sociales que llevaba adelante.
Los ocho hospitales de Lima (Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Hospital del Niño, Maternidad de Lima, Larco Herrera, entre otros) fueron construidos con dinero privado por la beneficencia. También, los principales albergues para ancianos como el Hogar Canevaro, San Vicente de Paul y otros más. Brillaba también la más grande y maravillosa Ciudad para Niños conocida como Puericultorio Pérez Araníbar, para ‘cultivar’, con igualdad de oportunidades, a los mejores niños y jóvenes de Lima. Comedores populares, colegios, clínicas y muchas otras obras al servicio de los más necesitados.
En 1968, el gobierno de facto cometió la aberración de intervenir las 151 beneficencias del Perú y en 50 años el estado depredó el patrimonio, quebró a 50 de ellas y dejó al borde del colapso a las sobrevivientes. En el caso de Lima, se cerraron casi 20 programas sociales, se permitió la precarización y tugurización de sus propiedades, se cerró la lotería de Lima y el Callao y se expropió seis de los ocho hospitales. Como si fuera poco, ilegalmente, no le pagaron nada a la beneficencia por tal expropiación. En buen castellano, el estado impunemente se apropió del patrimonio de los pobres.
En setiembre del 2018, el decreto legislativo 1411 restituyó el derecho y la naturaleza privados a las beneficencias y, con esto, empezó una nueva etapa de renacimiento.
En Lima, en los últimos tres años, se comenzó a recuperar el espíritu de servicio bajo el lema “Vivir para servir”. Se ha mejorado la calidad de la atención para los albergados. Durante la pandemia, se creó la ‘Casa de todos’, un nuevo programa para gente que vivía en la calle. Un convenio con la Tinka le permitió a la Beneficencia de Lima volver a tener una lotería. Se rehabilitó la sede central y se puso a disposición de la ciudad un nuevo centro cultural en la ‘Casa de Divorciadas’. Se cuenta con proyectos de inversión para los cementerios Presbítero Maestro y El Ángel, se está buscando un socio estratégico para reflotar el Hogar de la Madre y existen varios proyectos gastronómicos y turísticos en el Centro Histórico de Lima. En el 2021 se logró una recaudación histórica a pesar de la pandemia y la crisis política.
Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer y, aunque suene increíble, el obstáculo principal sigue siendo el estado que, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en donde funciona la Dirección de Beneficencias, lejos de cumplir un rol promotor y facilitador, exhibe una actitud obstruccionista y estatista, con trámites burocráticos que se oponen al espíritu y la letra de ley que buscaba darle autonomía de gestión a estas instituciones. Por ello, se están impulsando varios proyectos de ley para terminar de independizar a las beneficencias y que puedan seguir cumpliendo su rol social en medio de tantas necesidades.
Que estos 188 años de existencia renueven en toda la ciudadanía y en sus autoridades el espíritu de seguir fortaleciendo a una de sus instituciones más relevantes.