Las Retamas de los desastres en el Perú, por Fernando Bravo Alarcón

Pareciera que en nuestro país la historia de los desastres suele repetirse dos o más veces como tragedia y no tanto como farsa, para recordar una muy célebre frase de Friedrich Hegel retocada por Karl Marx. Y es que no ha bastado ubicarse sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico sur o estar históricamente expuesto al fenómeno de El Niño para generar una cultura de desastres que minimice la repetición de tragedias que multiplican las luctuosas fechas de nuestro calendario.

Lo ocurrido en la localidad de Retamas (distrito de Parcoy, región La Libertad) no es algo que deba sorprendernos, pues el caso reúne todas las condiciones para la crónica de un desastre anunciado: valle estrecho con elevaciones montañosas de gran inclinación, intensas lluvias estacionales, alto grado de deforestación, caótico y desmedido crecimiento urbano, riesgosa ubicación de viviendas levantadas sin criterio técnico, a lo que hay que sumar autoridades locales y regionales inoperantes, advertencias que no se escuchan y una población a la que solo le importa obtener ingresos de la actividad extractiva local. El summum de la vulnerabilidad. ¿Cuántas localidades del país comparten similar sintomatología? En muchísimos lugares del territorio nacional ya se deben estar incubando las condiciones propicias para provocar un desastre similar o peor al de Retamas. Solo les falta el factor detonante (el huaico, el alud, el desborde fluvial, el sismo, las lluvias, etc.) para desencadenar otra tragedia que poco tendrá de farsa.

Los aludes, las avalanchas y los aluviones son fenómenos de cierta ocurrencia en nuestro país. Junto con los huaicos, constituyen eventos usuales y suelen vincularse a intensas precipitaciones pluviales, deforestación antrópica y sismos. No podemos cansarnos de citar aquí el dramático episodio del aluvión que, detonado por un terremoto, se precipitó sobre la localidad de Yungay en el año 1970, catástrofe sobre la cual ya existían advertencias. Pero también hay casos olvidados que, como lo acaba de referir muy bien El Comercio, ilustran la letalidad de estos fenómenos: el 18 de marzo del año 1971 se produjo un deslave sobre la laguna Yanahuaín (Andamarca, sierra de Huaral), la cual provocó olas monstruosas que arrasaron el campamento minero de Chungar, ubicado en sus orillas. Nunca se supo la cantidad exacta de fallecidos, que se estimó en varias centenas, pero el fatídico suceso enseñó que es de alto riesgo afincar campamentos mineros al lado de cuerpos de agua ubicados en medio de elevaciones o glaciares susceptibles de precipitar material rocoso o nival.

La memoria histórica le ha hecho algo más de justicia a Yungay que a Chungar, lamentablemente. Por diversas razones algunos eventos calamitosos logran mayor recordación que otros y se convierten en referentes para las políticas públicas en materia de desastres. Convendría que la institucionalidad especializada en gestión de riesgos revise, actualice, revalore los antecedentes históricos y le dé la dimensión adecuada a hechos como el de Chungar.

Volviendo al caso de Retamas, este adquiere más gravedad por la recurrencia de deslizamientos allí registrados. Por ejemplo, el 12 de abril del 2009 se produjo un derrumbe que mató a nueve personas y destruyó numerosas viviendas. La combinatoria de elementos causales fue la misma: pendiente del terreno, material rocoso debilitado, deforestación y ocupación inadecuada del suelo. Y el detonante también: intensas precipitaciones pluviales en los días previos al derrumbe. Los organismos especializados advirtieron que Retamas constituía un centro poblado ubicado antitécnicamente en una angosta quebrada y que su condición era de alto riesgo no mitigable, por lo que recomendaron su reubicación y la suspensión de la expansión urbana en los taludes de sus elevaciones montañosas y quebradas.

Así las cosas, es claro que hay alguien que no está cumpliendo su parte en esta empresa de reducir los riesgos y mitigar el impacto de los desastres. Los organismos públicos técnicos que trabajan estos temas pueden diagnosticar, estudiar, sugerir y recomendar, pero hay otras instancias con cercanía física, recursos materiales, capacidad de decisión y peso político suficientes para hacer que las advertencias se apliquen y tomen en cuenta. ¿Qué hicieron las autoridades locales para reubicar a la población o para impedir el hacinamiento de viviendas en taludes de gran pendiente? ¿Dónde estaba el gobierno regional para respaldar la recomendación técnica? ¿Cómo hacemos para que las prescripciones de los organismos especializados en materia de riesgos tengan peso político y sean de obligatorio cumplimiento?

El desafío para Retamas y para las autoridades locales es cómo van a gestionar la reubicación de buena parte de sus viviendas y cómo harán valer la declaración de inhabitabilidad y de zonas inseguras que, se espera, ya deben estar plasmándose en alguna oficina de su municipalidad distrital. Pero mirando el horizonte, el reto mayor será para el país, pues las condiciones para enfrentar de manera resiliente al siguiente desastre que ya debe estar gestándose en algún punto del territorio no son las más propicias. Dadas nuestras congénitas debilidades en prevención y compromiso ciudadano, en institucionalidad, en disponibilidad de recursos, ello resulta doblemente desafiante. Si a ello se suma la histórica ausencia de liderazgo político en este asunto, la Política de Estado 32 “Gestión del Riesgo de Desastres” del Acuerdo Nacional seguirá aguardando para las calendas griegas.