¿Victoria de los trabajadores agrícolas?, por Miguel Jaramillo Baanante

Las movilizaciones de la semana pasada arrojan una gran paradoja: su objetivo era derogar un régimen laboral que es esencialmente idéntico al régimen general, al que corresponderá acogerse mientras que no se tenga un nuevo régimen especial para el sector. Si es eso a lo que se quiere llegar, por supuesto. En efecto, el derogado régimen laboral de la Ley de Promoción Agraria (LPA) provee los mismos beneficios sociales que el régimen laboral general (RG). La única diferencia entre ambos es que, en el régimen agrario, la unidad de contabilidad es la remuneración diaria, por lo que las gratificaciones y CTS son pagadas diariamente, mientras que en el RG están espaciados en el tiempo (CTS en mayo y noviembre, gratificaciones en julio y diciembre). ¿Justifica esta diferencia los enormes costos que han sufrido los mismos trabajadores (incluyendo un fallecido) y el resto de los ciudadanos, cuyo derecho a circular libremente y en paz por el territorio nacional han sido violentados por las movilizaciones? Analicemos el tema.

Una primera consecuencia del tránsito del régimen agrario al régimen general es que los trabajadores van a recibir un jornal inferior. Esto porque bajo la LPA recibían diariamente su jornal más la porción de CTS y gratificación correspondiente a ese día de trabajo. Claro, uno puede argumentar que al final igual los van a recibir cuando “sabiamente” los legisladores han decidido que deben recibirlos. En realidad, esto no es así. Por ejemplo, si un trabajador labora 20 días en diciembre, no recibirá gratificación de Navidad porque para recibirla necesita haber laborado el mes completo. Además, perderá la CTS porque, de acuerdo con el RG, para recibirla debe haber tenido una relación laboral de al menos 30 días. También es importante que, bajo la LPA, los trabajadores tenían acceso tanto a Essalud como a los establecimientos cubiertos por el SIS. El RG excluye la atención a través del SIS.

Desde el lado de la empresa, la menor adecuación del régimen general a los ritmos de la agricultura con seguridad va a elevar el costo de gestionar la planilla de sus trabajadores. No es claro, sin embargo, cómo esto podría beneficiar a los trabajadores.

Ciertamente, el régimen laboral es solo uno de los elementos de la derogada LPA. La ley contenía al menos dos claros beneficios a favor del sector agrícola: el primero es una tasa de impuesto a la renta inferior a la general, 15 en vez de 30%, y una tasa inferior de aporte a Essalud, 6 en vez de 9%. ¿Favorecería a los trabajadores la eliminación de estos beneficios? Difícilmente; en el mejor de los casos, le serán indiferentes. Una menor rentabilidad de la actividad en el sector podría tener como efecto una retracción en la inversión y con ello una caída en la demanda de mano de obra. En cuanto a cobertura de salud, nuevamente en el mejor de los casos el mayor costo del empleo formal no tendrá efecto sobre la demanda de trabajadores. Pero esto implica una insensibilidad de la demanda al costo laboral, que no parece muy plausible en una actividad intensiva en mano de obra.

De manera que uno puede argumentar, por razones de neutralidad en los incentivos para diferentes sectores de actividad económica, que se deben eliminar dichos beneficios; mas no porque su eliminación beneficiará a los trabajadores.

Un área donde sí los trabajadores agrícolas pueden y deben beneficiarse es a través de una mejor fiscalización del cumplimiento de las normas laborales. Al final de la batalla (y muerto el combatiente), el problema más álgido de los mercados laborales en nuestro país, agrícolas o en otros sectores, es la informalidad. En este problema deberían enfocarse las políticas que quieren favorecer a los trabajadores. Sin embargo, la lucha contra la informalidad no provee incentivos a los actores políticos. Recientemente hemos visto a otrora serios analistas convertidos en ciegos militantes para pescar a río revuelto y llevar agua a sus famélicos molinos políticos. Ellos ahora viven sus 15 minutos de triunfo. Mientras tanto, nuestros legisladores deben escoger en materia laboral entre pegarse al régimen general, castigando a los trabajadores; refrasear el régimen derogado para que se preserven las ventajas para los trabajadores; o penalizar al sector, imponiéndole condiciones que no exige a otros, desalentando así el crecimiento del empleo formal en el sector. Nada envidiable.