Una ley para los judiciales del país, por Alejandra Aramayo

En el Perú existen cerca de 28 mil trabajadores del Poder Judicial, entre jurisdiccionales y administrativos. Ellos se autodenominan “los judiciales” y, en los últimos años, han luchado para lograr el reconocimiento de su labor a favor del servicio de administración de justicia. Esta lucha se daba –fundamentalmente– en las calles, con huelgas escalonadas por períodos cada vez mayores. Del 2009 al 2016 paralizaron 12 veces, algunas por períodos de 22 a 50 días. Sus huelgas eran declaradas ilegales. En los últimos diez años, el Poder Judicial ha dejado de percibir S/50 millones a raíz de estas manifestaciones. En cada huelga se frustraban, en promedio, 300 audiencias, afectando principalmente a los justiciables (según información del propio Poder Judicial solicitada por mi despacho).
En suma: una lucha de alto costo. Más aun cuando los peruanos esperan que la administración de justicia sea eficiente, poco onerosa y actúe con celeridad.

Los reclamos casi siempre eran por la nivelación salarial, pedido rechazado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por estar contenidos dentro del marco laboral que regula a los trabajadores que prestan servicios para el Estado –Ley del Servicio Civil– ignorando resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) que exceptúan del alcance de la Ley Servir a determinados grupos de trabajadores en base a criterios de especialidad y exclusividad.

Por ello, atendiendo sus demandas, el Congreso de la República escuchó a los trabajadores y en el último pleno aprobó una importante y trascendental norma.

Por amplia mayoría se aprobó el proyecto de ley 2158/2017-CR, de mi autoría, que excluye a los trabajadores del Poder Judicial del régimen de la Ley del Servicio Civil. Con esta norma les devolvemos, además, sus capacidades competitivas para que dejen de sobrevivir con un salario cuatro o cinco veces menor que el de un magistrado.

En el mismo sentido, se aprobó el proyecto de ley 1862/2017-PJ, de autoría del Poder Judicial, con un texto sustitutorio desarrollado por mi despacho, que crea la primera Ley de Carrera del Trabajador Judicial en toda la historia del Poder Judicial. La norma, que contiene 65 artículos y cuatro disposiciones complementarias finales, fue aprobada con 98 votos a favor, 11 abstenciones y 0 en contra. Y fue exonerada de segunda votación con similar votación.

Con esta norma se define una estructura y organización funcional basada en la meritocracia e igualdad de oportunidades y se regula de manera clara y detallada la carrera del trabajador judicial, así como también su permanencia, ascenso y terminación.

Igualmente, se establecen escalas y niveles ocupacionales de acuerdo con la labor que realizan en el Poder Judicial. También se fija un procedimiento disciplinario a fin de prevenir y corregir los actos que sean considerados como faltas, e incluso se incluye una multa, la cual podrá ser aplicada de manera gradual hasta un máximo del 5% de la remuneración del trabajador de la carrera judicial como una medida preventiva y disuasiva para que se conduzca con la mayor diligencia en el ejercicio de su función y no vuelva a incurrir en la misma conducta.

Se modifica la nivelación de las remuneraciones, gratificaciones, asignaciones e incentivos económicos.

El MEF deberá aprobar una nueva escala remunerativa más justa y equitativa para los trabajadores de la carrera judicial que, por años, están encargados de apoyar a los magistrados y facilitar al litigante el acceso a los servicios de justicia en todo el territorio nacional.
Será el Poder Judicial el que, en ejercicio de la autonomía reconocida por la Constitución, en un plazo de 90 días calendario dé entrada en vigencia a la ley y apruebe el respectivo reglamento, asegurando así la aplicación exitosa de la presente iniciativa.

De esta manera, el Congreso de la República hace realidad un antiguo anhelo de los trabajadores del Poder Judicial y se escribe una nueva página en la historia del servicio de administración de justicia. En el Perú no podemos hablar de justicia si no respetamos las instituciones, si no reivindicamos los derechos laborales de sus trabajadores.