Hacia una verdadera ciudadanía, por Carlos J. Zelada

Quizás haya observado hoy que las redes sociales lucen un saludable pero melancólico color arcoíris. ¿El motivo? Se recuerda que la población de trans, lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales (o como se suele decir, personas TLGBI) experimenta violencia y discriminación de manera estructural y cotidiana.

La literatura académica explica que la violencia contra los TLGBI se asienta en el miedo social generalizado y cómplice de aceptar que existimos personas con orientaciones, identidades, expresiones y cuerpos sexualmente distintos. La encarnación de este odio se manifiesta, por ejemplo, en el ‘bullying’ que sufren en la escuela los niños y niñas con expresión de género diversa, en la muerte civil que las personas trans sufren cuando Reniec no reconoce su identidad, en el asesinato y la tortura que varios TLGB han experimentado con indescriptible crueldad, en la imposibilidad de constituir formalmente una familia o en la mutilación genital que sufren centenares de bebes intersex en los hospitales.

Nada de esto debiera sernos ajeno. El año pasado, la Defensoría del Pueblo realizó un crudo diagnóstico en el que concluía que, en el Perú del siglo XXI, esta violencia pasaba desapercibida, entre otras razones, debido a “la impunidad en que terminan las pocas denuncias que las personas TLGBI formulan”. Quiero centrarme en esa conclusión. “Crímenes pasionales”, “seguro se lo buscó” o “que mejor hagan esas cosas en la casa”, son varias de las excusas que a menudo se esgrimen para justificar estas atrocidades. Si me animo y denuncio un episodio de violencia, la policía y el Ministerio Público no realizan investigaciones serias, lo cual genera un círculo de impunidad cargado de un fuerte mensaje social: que la violencia contra los TLGBI es válida, lo que conduce inexorablemente a las víctimas a desconfiar del sistema de justicia. Es decir, “no pasa nada”.

Algunas buenas noticias: desde hace algunos años, el Derecho ha abandonado el enfoque que criminalizaba a quien se reconocía como TLGBI. Debe haber escuchado que, a menudo, los grupos antiderechos nos califican de “sodomitas”, haciendo alusión al relato del Génesis. Menos mal que hace tres décadas se ha señalado con claridad que la creación de tipos penales que castiguen la expresión sexual diversa, como la sodomía, configura una grave violación a los derechos humanos. Por contraste, la batalla jurídica de estos días se enfoca en la reafirmación del principio que prohíbe discriminar a las personas por su orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales.

La jurisprudencia internacional en torno a lo TLGBI es todavía poca, pero es importante saber que en los próximos años habrá al menos tres nuevas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que –lamentablemente– involucran actuaciones de funcionarios del Estado Peruano. El primero es el caso de Azul Rojas, mujer trans que en el 2008 fue detenida arbitrariamente por la policía en La Libertad con supuestos fines de identificación. Azul fue violentada sexualmente por sus captores, situación que configura tortura. Como podrá imaginar, ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial investigaron el asunto con debida diligencia. A la fecha, este crimen de odio permanece impune. El segundo es el caso de Crissthian Olivera, reconocido activista gay que en el 2004 fue expulsado del patio de comidas de un supermercado a pedido de unos comensales. Para la administración del local, y luego para el Indecopi, la discriminación por orientación sexual sufrida por Crissthian no fue tal pues su visibilidad causó “incomodidad” al resto de clientes.

Finalmente, el caso de Karen Mañuca Quiroz, mujer trans a quien en el 2001 el Reniec negó emitirle un duplicado de DNI que consignara el nombre y el género que ya había logrado –años atrás– que el Poder Judicial le reconozca. En el colmo de la ironía, el Tribunal Constitucional ordenó al Reniec emitir un nuevo DNI para Karen con su nombre pero sin restablecerle su género.Estos casos se encuentran en la etapa final de su litigio internacional. ¿Pudieron nuestras autoridades actuar de modo más diligente para prevenir y sancionar a sus responsables? Sin duda. Lo que me da esperanza es que Azul, Crissthian y Karen pronto podrán alcanzar la justicia que aquí se les negó. Me entristece sí que este reconocimiento implicará una condena contra el Perú, y que suceda además cerca de veinte años después. Bien dicen que la justicia que tarda poco tiene de justicia. Ya es tiempo, no solo de que dejemos de ser sodomitas, sino que pasemos a ser tratados como verdaderos ciudadanos. Quiero un país donde las historias de Azul, Crissthian y Karen no se repitan más. Nunca más. El Derecho ya está de nuestro lado. ¿Y usted?
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