LGTBIQ+: Sin políticas públicas en gestiones municipales y regionales

En el Perú existen al menos 1,7 millones de personas que se identifican como parte de la población LGBTIQ+. Según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, elaborada por el Ministerio de Justicia en coordinación con Ipsos, el 71% de la sociedad peruana reconoce que esta comunidad es una de las que más sufre discriminación dentro de las poblaciones vulnerables. Frente a este escenario, se esperaría que las políticas públicas estuviesen dirigidas a garantizar los derechos de esta población vulnerable; sin embargo, en las últimas elecciones regionales y municipales, ha quedado evidenciado que dicha problemática no está dentro de la agenda de intereses de los políticos y políticas.

En el 2022, las propuestas de gobierno de las principales ciudades del país han invisibilizado la existencia de las personas de la diversidad sexual y de género, y en el 2017, según un informe sobre este sector de la población elaborado por la ONG Promsex, en 44 planes de seguridad ciudadana de Lima Metropolitana y sus distritos, la gran mayoría de estos establecía la “erradicación de homosexuales y personas trans”.

El estigma y la desinformación impiden la proposición de políticas públicas que integren a esta población en lugar de relevarla, creando una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión para ella.

Por este motivo, en el marco de la campaña electoral, la misión de IDEA Internacional en el Perú realizó diversas mesas de trabajo con 152 organizaciones de la sociedad civil representantes de poblaciones históricamente excluidas; entre ellos, la población LGBTIQ+. En esta dinámica se elaboraron documentos que contenían las principales demandas de esta población en Lima Metropolitana, Arequipa, Iquitos, Trujillo, Puno y Cusco.

La agenda LGBTIQ+ apunta a políticas públicas inclusivas, que garanticen el trato digno y protección de los derechos fundamentales de las personas desde el ámbito educativo hasta la salud. En ese sentido, se pide que se convoque y fomente la participación de integrantes de este grupo dentro de los programas de gestión municipal, además se demanda que los gobiernos locales acorten las brechas de educación y empleo hacia las personas trans a través de becas y alianzas con institutos técnicos.

Junto con ello, se espera que funcionarios y personal de seguridad de los municipios reciban capacitaciones para la sensibilización sobre el trato digno a todas las personas sin discriminación. Aún existen reportes de trato negativo, diferenciado e incluso violento en contra de esta población por parte de serenos por dar muestras de afecto en espacios públicos.

Dentro de esta comunidad, hay un grupo en específico que sufre mayor discriminación, las personas trans. No solo por parte de la ciudadanía, sino de las instituciones, ya que muchas veces se les impide identificarse para poder realizar procesos. Es por ello que hacen falta campañas de sensibilización dirigidas hacia funcionarios públicos que atienden procesos administrativos. De esta manera, sus derechos no se verían vulnerados y se mejoraría su acceso a servicios públicos.

Muchos gobiernos locales aprueban ordenanzas contra la discriminación; sin embargo, es necesario dar cumplimiento al marco legal y actualizarlo para que sea un instrumento útil para construir una sociedad más justa. Es fundamental que se ejecuten normas que propicien igualdad y respeto de los derechos humanos de toda la población, sin exclusión ni marginación de ningún grupo humano.