Libertad entre comillas, por Andrés Calderón
Libertad entre comillas, por Andrés Calderón
Andrés Calderón

El pasado lunes, el periodista Fernando Valencia fue sentenciado a 20 meses de prisión suspendida y al pago de una indemnización de S/100.000 a favor del ex presidente Alan García. Esto como resultado de la querella que interpuso este último por el delito de difamación que habría cometido Valencia al publicar una portada cuando era director de “Diario 16”.

Para entender bien el caso y sus implicancias, vale la pena graficar (en letras, haremos el esfuerzo) la portada: “Ladrones a la cárcel y no en el poder” era la cita textual destacada en la portada de “Diario 16” y entrecomillada. Los rostros del presidente Ollanta Humala y del ex presidente Alan García aparecían en lados contrapuestos de la cita, representando respectivamente al emisor y destinatario del mensaje. Como volada (texto superior del titular) aparecía: “Humala arremete contra Gobierno Aprista”, y en las bajadas (textos inferiores y explicativos o que desarrollan el titular): “Presidente critica obras inconclusas dejadas por la gestión de Alan García” e “Insta a pobladores a denunciar a los corruptos ‘que se tiraron la plata de los gobiernos anteriores’”.

Se trata claramente de una aseveración atribuida a su autor. ¿Por qué entonces se condena al periodista que reproduce lo que dicho autor (Ollanta Humala) afirmó? Para el juez William Lugo, el delito de Valencia fue añadir la fotografía de Alan García en la portada, pues si bien las declaraciones del señor Humala eran textuales, en ningún momento se mencionó a un partido político (Apra) ni a su líder. En otras palabras, que Humala se haya referido a Alan García y su gobierno previo era “cosecha” de Valencia y “Diario 16”.

No conozco personalmente a Valencia ni soy asiduo lector del periódico que él dirigía, pero sí he leído la edición en cuestión y he visto el video con las afirmaciones de Humala, y creo que esa cosecha no era para nada descabellada. De hecho, revisé también las ediciones impresas y web de otros medios que cubrieron las declaraciones del presidente Humala de aquel 28 de febrero del 2013, cuando con ocasión de la inauguración del puente Tarapoto, criticaba la entrega de obras a empresas que pagaban coimas, las obras inconclusas, “los ladrones que se tiraron la plata de los presupuestos anteriores” (sic), y la demora de dos años en la construcción del mismo puente que inauguraba. La misma cosecha: las afirmaciones y calificativos de Ollanta Humala estaban dirigidos al gobierno aprista predecesor.

Entonces, podremos estar de acuerdo o no en poner el rostro de Alan García en la portada, pero somos varios los que coincidiríamos en que la interpretación de Valencia era válida, más allá de la vaguedad con la que se expresó el presidente Humala, tal vez motivada por evitar una confrontación (más) directa con el partido aprista –aunque fuera más que evidente si uno repasa los ataques de ida y vuelta que se han dado durante todo su mandato–.

La imprecisión de Humala, sin embargo, no nos hace menos inteligentes a los lectores, ni más perceptivo a Valencia. Y si juzgáramos por la calidad de las interpretaciones como pretende hacer el juez Lugo, probablemente varios jueces estarían purgando condena.

Saliendo por un momento de este caso particular, el precedente que marca esta sentencia es muy peligroso. Se le está diciendo a los periodistas: “No interpretes nada, solo reproduce”, por más obvio y razonable que resulte dicho análisis. Es decir, los periodistas solo tienen libertad ahora entre comillas, las que encierran una cita literal y que no añaden nada del valor de su propia lectura.

Siempre queda confiar, o más bien, desear que un juez razonable entienda lo peligroso de la sentencia que hemos criticado en estas líneas. Ojalá la sensatez acompañe a los vocales de la corte que conocerán el caso en apelación. Pero no deberíamos estar expuestos siquiera a ello. Este caso pone en evidencia, una vez más, la necesidad de despenalizar los delitos de expresión. Periodistas y ciudadanos por igual, nadie debería terminar en prisión por la expresión de sus ideas o, peor aun, por la difusión de las ideas ajenas. Y nadie debería sentir miedo o dejar de hacerlo, bajo pena de terminar en la cárcel.