"Por ahora hay una tensa calma en la policía y, dicen, se han abierto procesos de investigación por el cuestionamiento al proceso de ascenso". (Ilustrtación: Víctor Aguilar)
"Por ahora hay una tensa calma en la policía y, dicen, se han abierto procesos de investigación por el cuestionamiento al proceso de ascenso". (Ilustrtación: Víctor Aguilar)
Ricardo Valdés

Los recientes desencuentros producidos entre las máximas autoridades de la Policía Nacional del Perú, como consecuencia del último proceso de ascenso al grado de general, son sumamente graves. Tanto el jefe del Estado Mayor de la policía como el -hasta el domingo 10-subcomandante general de la policía manifestaron por escrito su rechazo a firmar las actas del proceso de ascensos, de los cuales eran parte por integrar la junta selectora. ¿La razón? No fueron convocados ni participaron de al menos cuatro actos fundamentales para decidir la propuesta final de nuevos generales que se present al presidente Martín Vizcarra.

El ruido en el interior de la institución policial era demoledor. Los oficios del entonces subcomandante general como del jefe del Estado Mayor de la PNP, que fundamentaban la discrepancia, trascendieron a la prensa. Inclusive se filtró un diálogo entre el general Víctor Jorge Pérez Arteaga (en ese momento jefe del Estado Mayor) con el general José Luis Cueva Velarde, secretario de la junta selectora, donde este le pide al primero avalar con su firma el proceso de ascenso, tres días después de su publicación en “El Peruano”. Ante la negativa, Cueva se retira diciendo: “Orden de los chamanes”.

Mientras, el comandante general de la salió a sostener su punto de vista y, como es lógico, discrepó con los altos jefes policiales. Independientemente de a quien le asistía la razón, el resquebrajamiento de la unidad del comando policial era evidente. El malestar de fondo parecía ser la proporción de ascendidos a general que provienen de la Policía de Investigaciones en desmedro de los que provienen de la Guardia Civil o la Policía Republicana.

La consecuencia directa para los dos únicos generales de armas, además del comandante general, que conformaban la junta selectora y consideraban nulo el proceso, ha sido su remoción institucional. Y con esta medida, los cuatro primeros puestos del tablero de mando se encuentran conformados ahora por generales que provienen de la antigua Policía de Investigaciones. Al igual que el ministro Morán. De ellos, debe salir en el futuro el nuevo comandante general PNP.

Y claro, hace tiempo que se ha perdido el actor político en el Ministerio del Interior que hubiese podido mediar en el conflicto, pues todos los altos cargos en dicho ministerio (ministro, viceministros y varios directores generales) se encuentran en manos de policías en retiro. Ellos traen consigo compromisos, alianzas, favores o intereses que les dificulta enormemente tomar decisiones imparciales e independientes.

Se ha configurado un serio error político, estratégico e institucional, pues cuando aún subsiste el ruido frente a la legitimidad del proceso de ascenso, el presidente termina por avalar una estructura jerárquica, presentada por el titular del Interior, con generales que provienen de la misma rama del ministro. Es decir, el equilibrio interno ha sido resquebrajado.

¿Qué importancia tiene todo esto? Pues el clima laboral en el interior de la policía aparece como enrarecido, hipersensible y complicado. Peor aún con los diferentes eventos desafortunados ocasionados por malos elementos de la Policía Nacional (violación sexual grupal, lesiones con arma, peleas a botellazos, reiteradas fugas de delincuentes, etc.) que han incrementado la indignación ciudadana y la pérdida de respeto hacia la autoridad. Y es que, si las cosas andan mal arriba, abajo andarán peor y terminarán por afectar nuestra seguridad.

Por ahora hay una tensa calma en la policía y, dicen, se han abierto procesos de investigación por el cuestionamiento al proceso de ascenso. La espera continúa.

Los que no nos encontramos en calma, sino en tensión permanente, somos los ciudadanos, pues la victimización en el país, y especialmente en Lima, sigue creciendo y no parece haber mejoría. Menos aún ahora con el clima policial fracturado.