Llovió sobre mojado, por Percy Medina

Este proceso electoral se ha desarrollado de manera bastante atípica y nos ha llevado a un terreno de incertidumbre y sospechas que no veíamos desde hace varios años. La mayoría de los problemas que hemos visto surgir en los últimos meses se deriva de una situación diagnosticada hace una década: nuestra legislación electoral está obsoleta. Ya no responde, si alguna vez lo hizo, a las necesidades de la política y los procesos electorales de hoy. 

Desde el 2004, por lo menos, varios hemos señalado la importancia de contar con un código electoral que organice una legislación coherente y efectiva. Sin embargo, el Congreso y los políticos tuvieron poco interés en enfrentar la tarea y ser ellos mismos los protagonistas de la reforma. 

A falta de un esfuerzo que surja desde el interior de la política, que sería lo ideal, los organismos electorales, con apoyo de otras instituciones, promovieron una reforma de la legislación electoral y de partidos. Nada de lo sustantivo planteado en este esfuerzo fue aprobado. 

En cambio, se aprobaron tardíamente normas que, lejos de resolver problemas, los crearon o ayudaron a crearlos. De hecho, si se hubiesen reformado los mecanismos de democracia interna, como fue propuesto, el problema con la inscripción de Julio Guzmán no habría existido. Y si se hubiese regulado responsablemente y de manera integral el uso de los recursos de campaña, el caso de César Acuña tampoco habría existido. 

En lugar de una reforma coherente, el Congreso aprobó en octubre del año pasado una norma con serios problemas técnicos que, tras idas y vueltas entre el Legislativo y el Ejecutivo, se publicó el 17 de enero de este año en pleno proceso electoral.

Por otro lado, hemos visto cómo la aplicación de las normas por las distintas instancias electorales ha generado dudas y críticas. Los casos emblemáticos, aunque no los únicos, han sido las exclusiones de Guzmán y Acuña. No debería sorprendernos que más adelante los postulantes excluidos obtengan opiniones y resoluciones favorables de misiones de observación e instancias internacionales. 

Más que seguir analizando estas decisiones, lo que es impostergable es discutir en serio cómo profesionalizar la justicia electoral. Por ejemplo, actualmente los jurados electorales especiales son órganos temporales conformados por un juez superior, un fiscal superior y un ciudadano sorteado. Ninguno de ellos está especializado en derecho electoral y son la primera instancia de nuestra zarandeada justicia electoral. Eso explica en alguna medida la disparidad de criterios y las resoluciones con fundamentos insuficientes y francamente discutibles.

Pero no han sido solo las normas y autoridades electorales la base del problema. La extrema debilidad de los partidos aparece como telón de fondo de cada una de las dificultades. No hay que olvidar que más que partidos que designan un candidato hemos tenido candidatos que se agencian un partido para poder postular. 

Casi la mitad de los postulantes a la presidencia no militaban en el partido un año antes. Y más que elecciones internas, hemos tenido trámites de confirmación de candidaturas. De los 19 candidatos inscritos inicialmente, 17 fueron candidatos únicos en las internas. En cuanto al enraizamiento partidario en la sociedad y su presencia en ámbitos regionales y locales tampoco podemos decir algo mejor. Más de la mitad de los partidos que postularon a la presidencia no tienen ni gobiernos regionales ni alcaldías provinciales y muchos de ellos ni distritales.

Finalmente, basta ver en las listas de candidatos al Congreso la cantidad de invitados y de figuras que provienen de otros partidos para comprobar que tampoco son canteras de formación y crecimiento de cuadros de representación y gobierno. Algunos de los postulantes han participado antes como candidatos de dos y hasta tres agrupaciones políticas distintas.

Pero lo peor que podría quedar de este proceso electoral sería la sensación de que las autoridades no han medido a todos con la misma vara y que este no sería un proceso equitativo. Nos costó mucho esfuerzo tener autoridades electorales confiables y procesos considerados libres y transparentes. Ese es un patrimonio que no podemos dilapidar. 

Sabemos que autoridades elegidas en el terreno de la sospecha tendrían un claro déficit de legitimidad. Y como consecuencia de ello también bajos niveles de gobernabilidad. No es el escenario que queremos para el próximo lustro. Por lo tanto, será necesario hacer todos los esfuerzos para que el proceso se recomponga y, particularmente en la segunda vuelta, esté exento de los manoseos de la primera etapa. Necesitamos también un claro compromiso de todos con la legitimidad de los resultados electorales y con una transferencia de gobierno ejemplar.

Felizmente este proceso ha traído también novedades positivas. Muchos colectivos (de mujeres, LGTBI, personas con discapacidad, afrodescendientes, entre otros) han puesto temas en la agenda de discusión y han comprometido apoyos de los candidatos. También técnicos e instituciones especializadas han aprovechado la oportunidad para poner en discusión sus temas, incitando a los políticos a tomar posición y comprometerse. 

Por último, tras el cuestionado papel que cumplieron muchos medios de comunicación en el 2011, esta vez importantes casas periodísticas han desarrollado destacables esfuerzos para tener una cobertura al servicio del electorado. En esta línea se han suscrito compromisos, organizado foros y campañas y se ha promovido debate. 

Asimismo, si hay algo positivo que podemos sacar del caos vivido es que se ha evidenciado la necesidad de enfrentar, en serio, una discusión que conduzca a la reforma. El nuevo gobierno y el nuevo Congreso no pueden obviar este reto como una de sus primeras tareas.