¿Partido político u organización criminal?, por Romy Chang

Esta es una de las preguntas que motiva las dos investigaciones que a la fecha viene realizando el Ministerio Público contra la agrupación denominada “Los Dinámicos del Centro” y contra diversos integrantes del partido Perú Libre que, presuntamente, estarían vinculados con la misma.

La primera investigación es la seguida por la fiscal Bonnie Bautista, del Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, quien plantea la existencia de una red criminal vinculada con el pago de coimas por el otorgamiento de brevetes, así como el cobro de cuotas como aporte para la campaña del partido y para los fines de la alta dirigencia; entre los que se encontraría el pago de la reparación civil del señor Vladimir Cerrón por una condena por negociación incompatible que le fue impuesta por el Poder Judicial. Para la fiscal, la organización criminal los Dinámicos del Centro habría introducido fondos ilícitos a la campaña política de Perú Libre, lo que también podría comprometer a este partido en los diversos actos de corrupción materia de investigación.

La segunda investigación es la recientemente iniciada por el fiscal Richard Rojas, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, la misma que tiene competencia a nivel nacional. Si bien en esta investigación aún no se ha individualizado a una persona en concreto, dado que el delito atribuido es el de lavado de activos, resulta sencillo suponer que la Fiscalía buscará atribuir responsabilidades a los altos dirigentes de Perú Libre; no debiendo sorprendernos que, a futuro, incluso se incorpore como investigado al partido político en sí, dado que en nuestro país sí es posible establecer la responsabilidad directa de un partido político (persona jurídica) por los delitos de corrupción y de lavado de activos. Lo expuesto, sobre todo, luego de que el fiscal Rafael Vela Barba anunciara públicamente ser el fiscal superior que conocería la investigación en segunda instancia, y luego de ver la estrategia que la Fiscalía ha seguido en otros casos como el de Fuerza Popular.

Definitivamente, el panorama para Perú Libre se torna oscuro. Los colaboradores eficaces, los documentos incautados, el dinero encontrado en diversos inmuebles, así como las comunicaciones telefónicas legalmente obtenidas y con las que ya cuenta la Fiscalía, harán que sus dirigentes tengan que dar diversas explicaciones en torno al origen de los fondos que se utilizaron para financiar la campaña electoral, así como el rol de sus directivos, entre los que se encuentra la señora Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia y secretaria de Economía del Perú Libre. A esto se suma el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, vigente desde agosto del 2019, según el cual es delito recibir aportes a la campaña con origen ilegal; el mismo que sí sería de aplicación en este caso y que se sumaría a las otras imputaciones que ya se vienen sosteniendo contra los involucrados.

Lo cierto es que si las fiscalías a cargo no activan y dinamizan sus investigaciones, difícilmente se logrará esclarecer lo ocurrido antes de las próximas elecciones presidenciales. Prueba de ello es lo que se apreció con la demora en la ejecución de las órdenes de allanamiento y detención preliminar autorizadas por el Poder Judicial, las que se ejecutaron luego de que algunos de los futuros intervenidos tomaran conocimiento de ello y presentaran hábeas corpus por una presunta vulneración de su libertad.

Queda confiar en que nuestras autoridades actuarán articulada y dinámicamente, pues la única forma de combatir el crimen organizado es, justamente, organizándose.