Hacer lo correcto, correctamente

En las primeras horas del lunes 27 de noviembre, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, bajo la coordinación de la valiente fiscal Marita Barreto, dio cumplimiento a una orden judicial de detención preliminar de Jaime Villanueva, el principal asesor de confianza de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como de allanamiento, registro e incautación de documentos y bienes en el interior del despacho del gabinete de asesores de quien conduce el Ministerio Público.

Dicha medida judicial era el corolario de meses de trabajo en la investigación del conjunto de colaboradores de la fiscal de la Nación en su presunta participación en componendas para archivar denuncias contra congresistas a cambio de votos para afectar el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), inhabilitar a una fiscal suprema e intervenir, indebidamente, en la elección del defensor del Pueblo.

Momentos previos al cumplimiento de la decisión judicial, la fiscal de la Nación decidió remover a la fiscal Barreto de su cargo. Usó como “argumento” el supuesto incumplimiento de reportes de información sobre su carga de trabajo (“detalle de los casos”). Tal supuesta omisión pesó más para la fiscal de la Nación que la búsqueda de la verdad y el desbaratamiento de una presunta organización criminal enquistada en el mismo gabinete de sus asesores de confianza.

No está en discusión si la fiscal de la Nación tiene facultades para remover de su puesto a la fiscal Barreto. Lo cuestionable es la circunstancia en la que toma esa decisión, por un lado, y el irrazonable sustento empleado, por el otro. Más aún, si como consta en el acta de allanamiento de las oficinas de los asesores, un borrador de la resolución de remoción, partido por la mitad, fue encontrado en un tacho de basura, lo que configura el claro indicio de que la fiscal Benavides decidió preocuparse por la falta de información de la carga de trabajo de la fiscal Barreto esa misma madrugada.

Así, en la decisión de remoción de la fiscal Barreto no hubo legalidad ni fue fruto sesudo de evaluación de resultados. No fue una decisión correcta en esos términos ni se hizo correctamente. La fiscal Benavides sabe que la investigación sobre sus asesores de confianza, conducida por la fiscal Barreto, sin duda la involucra, y las pruebas servirán para que se abra una carpeta ante una fiscalía suprema que, por su rango, le inicie la correspondiente investigación penal.

Incluso durante toda esta semana el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder estuvo descabezado. Los reemplazos de la fiscal Barreto no quisieron asumir el encargo. Uno de ellos estuvo en la reunión de madrugada con la fiscal Benavides de manera previa al allanamiento de las oficinas del gabinete de asesores. Si el principal asesor de confianza de la fiscal de la Nación quisiera colaborar con la justicia, ¿cuenta con garantías de transparencia y objetividad para iniciar un proceso de colaboración eficaz en esas circunstancias?

En simultáneo, la JNJ (blanco de las presuntas componendas develadas en la investigación de la fiscal Barreto) ha citado para el 6 de diciembre a la fiscal Benavides a una audiencia para escuchar sus descargos de manera previa a que tal institución decida si la suspende preventivamente en su cargo mientras se desarrolla el correspondiente procedimiento disciplinario iniciado por estos hechos. Y, en paralelo, Benavides ha recurrido al mismo juzgado que otrora detuvo las anteriores investigaciones disciplinarias que le inició la JNJ por el caso de sus tesis y el cambio de fiscal que investigaba a su hermana, para que detenga este nuevo procedimiento disciplinario en su contra. Y aquí hay otro detalle que también corre en paralelo y que no es menor: el Tribunal Constitucional –que esta semana muy oportunamente reavivó el caso del indulto a Alberto Fujimori– está por emitir sentencia con relación a estos mismos procedimientos disciplinarios, dado que la fiscal Benavides planteó la controversia el 16 de agosto de este año (la audiencia se realizó el 2 de noviembre).

Todos estos hechos son muy graves. El Ministerio Público, como institución encargada de buscar la verdad a través de la lucha contra la criminalidad, debe conducirse de manera neutral e independiente, libre de cuestionamientos. No está en discusión que la fiscal de la Nación, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia. Tampoco lo está que tiene derecho a sus descargos, a la defensa, a ser oída. Lo cuestionable es si debe hacerlo conduciendo la Fiscalía de la Nación y decidiendo quiénes deben llevar las investigaciones que finalmente escalan hacia ella. Como todo funcionario, tiene el deber de actuar con transparencia y responsabilidad en su labor de líder de una institución clave para la democracia.

Acepté patrocinar a la fiscal Barreto porque creo en su trayectoria y en su valentía. Busco legal y judicialmente reponerla en la conducción del equipo especial porque creo que debe llevar este caso –que trasciende su situación concreta– hasta las últimas consecuencias, dado que las revelaciones recién empiezan. La institucionalidad democrática está en juego. Y todos debemos sumar.