Mayor cobertura, mejor calidad de vida; por Camilo Carrillo

La pandemia nos ha dado una dura lección sobre la necesidad de tener buenos servicios públicos de telecomunicaciones, algo que no era prioridad del sector público. Lo que para algunos significa mejorar su conexión con el entorno familiar o laboral, para otros significa asistir al colegio o perder el año por no contar con los medios ni la cobertura requerida para las clases virtuales.

En el 2020 partimos con una desventaja en cobertura y uso de Internet respecto a países como Chile y Colombia (82% y 69% de sus poblaciones usan Internet, respectivamente; en el Perú, 60%), lo que ha tenido impacto en la capacidad del sector privado y público para continuar sus operaciones desde que comenzó la crisis. Basta comparar el número de teletrabajadores registrados antes de la pandemia en Chile (500 mil), Colombia (31 mil) y Perú (apenas 2.116), y mirar el número de niños que hoy asiste a clases virtuales en estos países, para dimensionar el tamaño de la brecha digital entre ellos.

Frente a este panorama, el Gobierno mostró avances con la emisión del Decreto Supremo 008-2021-MTC, que permite emplear una nueva metodología de renovación de títulos habilitantes de servicios públicos de telecomunicaciones y actualiza los métodos de evaluación del cumplimiento de obligaciones. Luego de prepublicar la norma por dos años consecutivos y tener solicitudes en trámite pendientes desde hace ocho años (lo que generaba poca predictibilidad e impidía el aumento de inversiones), la nueva metodología apunta a simplificar el procedimiento e incrementar los beneficios a la población mediante la renovación de las concesiones. Entre los cambios está el de mejorar la predictibilidad de la evaluación, diferenciando los procesos entre los distintos tipos de operadores: a los grandes se les evalúa por sus incumplimientos en los niveles de servicio, mientras que a los pequeños se les evalúa según el incumplimiento de pagos de tasas y otros aportes de regulación.

Otro cambio a destacar, y quizás el más relevante, es que modifica el enfoque punitivo anterior (que reducía tiempo de concesión ante distintos incumplimientos o penalidades) por uno de incentivos. Este no solo simplifica el cálculo de las penalidades, sino que las reduce en caso las empresas concesionarias muestren mayores inversiones en tecnología 4G o un mayor aumento en el número de zonas cubiertas, lo que lo alinea a los objetivos del sector.

Con estas medidas, se espera lograr en el 2021 al menos S/450 millones de compromisos de inversión en tecnología móvil 4G y ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones al menos a 829 nuevas localidades, lo que se traduce en conectar al menos a 320 mil ciudadanos en zonas rurales.

Esta mejora en las reglas de juego se complementa con el Decreto Supremo 004-2021-MTC publicado en enero, que actualiza la fórmula de cálculo del canon móvil, lo que generará un incremento de 12% en el monto de canon recaudado al 2023 por el uso del espectro radioeléctrico. Acorde con la nueva lógica del MTC, esta norma establece incentivos para que los operadores puedan destinar hasta el 40% del monto de canon hacia mayores inversiones en infraestructura con tecnología 4G para cerrar la brecha digital a lo largo, aumentando la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales. Con esta iniciativa, el MTC busca alcanzar inversiones adicionales por S/130 millones en el 2021 y beneficiar a más de 200 localidades rurales, muy por encima de los resultados obtenidos en años previos bajo este mecanismo.

Normas modernas, enfocadas en la ampliación del servicio y que priorizan a las poblaciones más alejadas, representan los primeros pasos para lograr un Perú más conectado, lo que hoy se traduce en un país con mayores oportunidades para todos.