¿Mejorará México con el T-MEC?, por Jorge Castañeda

Con la aprobación del Tratado México‑Estados Unidos‑Canadá (T‑MEC), la Cámara de Representantes de Estados Unidos eliminó un importante obstáculo potencial al pacto comercial. El Senado mexicano ya aprobó el acuerdo, y se espera que el Senado estadounidense y el Parlamento canadiense hagan lo mismo en el 2020. Una vez vigente, el T‑MEC (que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) tendrá amplias consecuencias para México en particular.

Había en los tres países funcionarios y analistas que confiaban en que el Congreso aprobaría el acuerdo, dadas las importantes concesiones en materia de empleo, normativa laboral, medio ambiente, resolución de disputas, productos lácteos y propiedad intelectual que el presidente estadounidense, Donald Trump, les arrancó a los gobiernos mexicano y canadiense. Y era un optimismo justificado.

Pero a fines de noviembre la Administración Trump todavía no había enviado el proyecto del T‑MEC a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo que dejaba abierta la posibilidad de que el acuerdo se pospusiera hasta después de la elección presidencial.

Las dificultades materiales tienen que ver con la fiscalización de las disposiciones del T‑MEC referidas a normas laborales, ambientales, de propiedad intelectual y de resolución de disputas. En particular, los sindicatos estadounidenses (sobre todo la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales ,AFL‑CIO) y muchos congresistas demócratas exigían modificar el acuerdo para que funcionarios estadounidenses puedan realizar inspecciones in situ no anunciadas a plantas y empresas en México, con el argumento de que esos controles son necesarios para asegurar que México cumpla realmente las cláusulas referidas a, entre otros temas, negociaciones y contratos colectivos, condiciones de trabajo y elección de dirigencias sindicales. Al principio los negociadores mexicanos rechazaron esta demanda, pero conversaciones posteriores concluyeron el 10 de diciembre con un acuerdo aceptable para todos: Trump, los representantes demócratas, la AFL‑CIO

Igual que el TLCAN, el T‑MEC es mucho más importante para la economía de México que para la de Estados Unidos. Las disposiciones laborales y ambientales del nuevo acuerdo van dirigidas esencialmente a México. Aunque estas medidas adicionales son bienvenidas, llegan en un momento difícil para la economía del país.

En el 2017, cuando Trump obligó a México a renegociar el TLCAN, los demócratas, los sindicatos y los activistas ambientales en Estados Unidos se quejaban de que México llevaba un cuarto de siglo tomándole el pelo a Estados Unidos, sin mejorar sus prácticas laborales y normativas ambientales. Tal vez los críticos exageraron, pero algo de razón tenían, y en las negociaciones para el T‑MEC se prestó más atención a la fiscalización de las cláusulas del acuerdo.

El resultado fue que el T‑MEC modificado contiene una serie de muy necesarios mecanismos de fiscalización. Para empezar, se traslada el peso de la prueba en lo referido a presuntas violaciones de normas laborales o ambientales del acusador (que en la mayoría de los casos es Estados Unidos) al acusado (por lo general, México). También se establece un sistema de respuesta rápida, con tribunales independientes que se encargarán de recibir quejas, evaluar posibles violaciones de los derechos laborales e imponer sanciones si las hubiera. Finalmente, Estados Unidos enviará a México ocho agregados comerciales (cinco para temas laborales y tres para asuntos ambientales) que se encargarán de “monitorear y hacer cumplir” las obligaciones de México en estas áreas.

Los agregados laborales informarán cada tres meses a un comité laboral interagencial estadounidense, y en principio estarán habilitados para recibir quejas (esto incluye una línea telefónica directa atendida las 24 horas) e investigar presuntas violaciones de las leyes laborales mexicanas. Las autoridades mexicanas manifestaron dudas respecto de si estas disposiciones realmente forman parte de lo acordado en Ciudad de México el 10 de diciembre; la comunidad empresarial mexicana, en tanto, las recibió con sorpresa y malestar. Pero es probable que se mantengan, porque son estas concesiones mexicanas las que convencieron a los sindicatos estadounidenses y a los demócratas de apoyar el acuerdo de Trump.

Sin embargo, no será fácil eliminar de un día para otro algunas de las ventajas competitivas más significativas (y embarazosas) que tiene México. El ‘boom’ exportador mexicano del último cuarto de siglo ha tenido como ingredientes esenciales una mezcla de bajos salarios, condiciones de trabajo deplorables, sindicatos domesticados y desprecio total del medio ambiente.

Es probable (y sin duda deseable) que el T‑MEC, al crear en la práctica un protectorado laboral y medioambiental, obligue a México a abandonar esas prácticas vergonzosas. Pero hacerlo en un momento en que la economía mexicana está estancada o cayendo en la recesión puede traer más mal que bien. En tanto, está claro que las nuevas disposiciones laborales y ambientales harán al sector privado (local y extranjero) más renuente a invertir en un país gobernado por un presidente errático e ideologizado.

Bien puede ocurrir que el T‑MEC consiga mejorar marginalmente la situación estadounidense en materia de empleo, inversión, normativa laboral, medio ambiente y resolución de disputas. Pero si el objetivo es estimular el crecimiento económico y el bienestar y reforzar el Estado de derecho en México, nada de eso sucederá pronto.

-Glosado y editado-