Mejoras sin demagogia, por Luis Valdivieso

La Comisión de Economía del Congreso aprobó por mayoría un dictamen sobre un proyecto de ley que permitiría el retiro voluntario por parte de los afiliados del 95,5% de su fondo al cumplir los 65 años. De aprobarse en el pleno, esta medida significaría, sin duda, una modificación sustantiva del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Este sistema se diseñó con el objetivo de otorgar una pensión para los años de retiro lo más alta posible en relación con el ingreso con el cual los afiliados se acostumbraron a vivir. 

En la Asociación de AFP siempre hemos pensado que el sistema previsional es mejorable, pero siendo estos temas muy técnicos, nos preocupa que sean tratados con afán electoral y populista, especialmente cuando estamos hablando del bienestar de nuestros adultos mayores. A cinco meses de las elecciones generales presidenciales y congresales, no parece el mejor momento para proponer una modificación tan sustantiva, que tiene que ser estudiada, debatida y consultada con mucha mayor seriedad y detalle. 

De hecho, sin el beneficio de contar con el texto definitivo del dictamen aprobado por la Comisión de Economía, lo anunciado y difundido por los medios sobre la medida propuesta plantea un número de interrogantes que requieren respuesta. 

Por ejemplo, ¿es constitucional permitir que se retire el fondo en una forma distinta a una pensión? ¿Qué sucedería si un jubilado decide retirar todo su fondo y se lo gasta antes de tiempo? ¿Está previsto en la norma que si se empobrece quede excluido de programas como Pensión 65? ¿Podría este programa soportar una avalancha de aportantes a los que no les haya ido bien económicamente una vez agotado todo su fondo? ¿Y qué medidas complementarias se plantean para evitar que surjan posibilidades de inversión o ahorro que estafen a los jubilados? ¿Se contempla un programa de educación financiera para los afiliados? ¿Quién pagará por esta red de protección si las cosas van mal para el afiliado? ¿O se les dejará a su suerte?

También debemos preguntarnos cómo se aplicaría este proyecto a los afiliados al sistema público, representado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Si solo se aplica a los afiliados al sector privado, ¿no sería interpretado por muchos como una discriminación respecto de los afiliados a la ONP? ¿Debería, por tanto, permitirse a quienes han aportado al sistema público que también puedan retirar todos sus aportes a los 65 años? Si es así, ¿se les reconocería algún tipo de retorno? ¿Es esto coherente con los objetivos presupuestales o requeriremos mayores impuestos para sufragar dichos gastos adicionales? 

Además, ¿cómo se enfrentará un aumento en los costos de los servicios de salud en el futuro si se compromete desde ahora un pago proporcional al fondo al momento de su retiro? ¿O es que se invertirá dicho monto y se le ira pagando a Essalud poco a poco? ¿Y quién administrará dichos fondos?

Por último, si el afiliado al sistema privado puede disponer de su fondo al momento de la jubilación, muchos afiliados a la ONP querrán migrar al SPP. ¿Hay un plan de contingencia previsto para esto? Asimismo, los nuevos ingresantes a la fuerza laboral ciertamente no preferirán ir al sistema público. ¿Están los autores del proyecto considerando que este sistema público pueda por tanto desaparecer y el Estado dispuesto a asumir el costo creciente de un sistema de reparto sin nuevos afiliados?

Estas son solo algunas de las muchas dudas e interrogantes que no parecen haber sido tratadas debidamente en el debate al interior de la Comisión de Economía del Congreso.

Todos estos aspectos, y otros que puedan surgir más adelante, necesitan ser cuidadosamente considerados, analizando sus pros y contras, así como sus efectos económicos y sociales, para evitar que, intentando mejorar un sistema, terminemos debilitándolo y creando otros problemas más graves para los afiliados tanto del sistema de pensiones privado como del público.

Finalmente, y no menos importante, nos preocupa que iniciativas como estas sienten un precedente para otras que pudieran aparecer durante la campaña electoral que terminen socavando el rol que el Estado debe ejercer no solo para proteger las pensiones, sino también la salud, educación, y para la recaudación de impuestos. 

Por lo tanto, optemos por el debate técnico para mejorar el sistema de pensiones, público y privado.