Tapando el sol con tres dedos

Escuchar a la presidenta Dina Boluarte afirmar que el principal problema del país es la inseguridad demuestra que reconoce lo que en el mes de julio las encuestas ya adelantaban como la primera preocupación de los ciudadanos. Esto es positivo y un buen punto de partida para trazar soluciones.

Las medidas planteadas en el mensaje dan cuenta de que, para el Gobierno, la inseguridad se erige sobre la base de tres elementos: la ausencia de normas, la presencia de migrantes extranjeros y la falta de infraestructura y fuerza policial. ¿Será correcto y suficiente? Me temo que no.

El plato fuerte del mensaje estaba constituido por 33 normas para “reducir al máximo las amenazas de la delincuencia”. Mencionó solo 10, entre las que destacan aquellas destinadas al intercambio de información entre instituciones dedicadas al control de la extorsión y la estafa; la sanción de la demanda por celulares robados; la creación de una Central Única de Emergencias; una mayor regulación para un Internet seguro; y otras destinadas a sancionar al migrante infractor, al delincuente extranjero, a los traficantes de personas y al orden migratorio.

La exuberancia del discurso con relación a los delitos cometidos por extranjeros queda desvirtuada por las cifras mostradas en el mismo mensaje. Mencionó que en los primeros seis meses de este año fueron detenidos 144 mil “autores de diversos crímenes”; entre ellos, 10 mil extranjeros “involucrados con la delincuencia y el crimen”. En otras palabras, el 7% son extranjeros y el 93%, locales. La delincuencia sigue siendo un producto nacional. Las normas ayudarán cuando se apliquen, pero el problema seguirá siendo nuestro.

El marco normativo planteado puede contribuir a mitigar la percepción de inseguridad en el mediano y largo plazo. Pero no ayudará a resolver la inseguridad existente en el inmediato y corto plazo. No se ha considerado ninguna medida para reforzar la respuesta rápida ante un evento, ni para la preparación actual de los policías, ni para aumentar el bienestar de estos, ni para mejorar el control territorial, ni para tener departamentos de investigación criminal efectivos y eficientes.

Se ha entregado un proyecto de ley para crear la “Policía de Orden y Seguridad” sin mayor explicación al respecto. Entre líneas, leemos que se trata de incorporar por la vía rápida a nuevos efectivos, posiblemente con formación técnica o universitaria. Aun así, esta fuerza no estará lista para operar en el corto plazo. No podrán lidiar con la creciente criminalidad sin la formación adecuada.

También se plantea modificar el Decreto Legislativo 29010 para que los gobiernos regionales y locales puedan realizar gastos de inversión en infraestructura policial. Esto es bueno y ayudará a largo plazo a mejorar la infraestructura en los territorios que cuenten con recursos para ello. Sin embargo, los efectos de esta norma, de ser aprobada, se verán después del 2026.

La reciente información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) nos presenta una victimización del 27,3% en ciudades de más de 20 mil habitantes y de 25% a nivel nacional urbano. Los robos se producen con mayor violencia, lo que se expresa en un incremento de las armas de fuego. Según el mensaje, en los primeros seis meses de este año se han decomisado 4.500 armas de fuego ilegales, un número suficiente para conocer con mayor precisión de dónde provienen estas armas y bajo qué modalidad operan en el mundo del hampa. Una gran fuente de información que, aparentemente, no está siendo aprovechada y de la que no se comenta nada.

En la práctica, tenemos un grave problema de gestión de la seguridad. Hay mucho por hacer en el aquí y en el ahora con las herramientas que tiene el Estado, y de eso no hemos escuchado nada en el mensaje presidencial. A todo lo planteado en este, debe sumarse una estrategia de intervención inmediata. Ojalá no se esté haciendo un uso político de un cruento problema nacional.