Protegiendo a los refugiados en el sur global

¿Quién es un refugiado? Probablemente la primera imagen que a muchos se nos venga a la mente sea la de los millones de personas de Siria o Ucrania que se desplazan hacia la Unión Europea huyendo de conflictos armados y violaciones de derechos humanos. Quizás otros pensarán en la pesadilla que vivieron cientos de hombres, mujeres y niños al ahogarse tras el naufragio de un barco sobrecargado en el Mediterráneo frente a la costa griega hace pocos días.

Lo que muchos no saben, sin embargo, es que tres de cada cuatro desplazados forzosos internacionales residen en estados del sur global; es decir, en países en vías de desarrollo situados en Asia, África, América Latina y Oceanía. Tan solo para hacernos una idea: de los aproximadamente 6,8 millones de refugiados de Siria, más de 5,2 millones se encuentran en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Nuestra propia región acoge hoy al segundo desplazamiento forzado internacional más grande del mundo: de los 7,3 millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país para sobrevivir, más del 80% vive en América Latina y el Caribe.

A pesar de que la enorme mayoría de las personas con necesidad de protección internacional se encuentra en el sur global, tanto los debates políticos como los estudios académicos se centran en las realidades de países de altos ingresos. Esto genera una brecha importante entre la teoría y la realidad, pues los países en vías de desarrollo tienen problemas particulares como carencia de infraestructura y servicios básicos, un alto grado de informalidad, una menor capacidad estatal, altos niveles de corrupción y, en algunas ocasiones, poblaciones sin experiencia con eventos de este tipo. Además, factores como los desastres naturales y el cambio climático tienen un mayor impacto en el sur global, y las personas desplazadas son más vulnerables frente a la violencia de género y el crimen organizado.

Al mismo tiempo, algunas regiones en el sur global tienen herramientas importantes e incluso ejemplares. Tanto África como América Latina cuentan con definiciones regionales ampliadas de refugio que complementan la definición clásica de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Ambas, la Convención sobre Refugiados de la Organización para la Unidad Africana de 1969 y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, extienden la definición convencional de lo que es un refugiado e incluyen no solamente a las personas que son desplazadas por la fuerza debido a la ocupación de sus territorios o invasiones extranjeras, sino también por violaciones masivas de derechos humanos, violencia generalizada y desórdenes públicos graves. En consecuencia, muchas normas nacionales brindan protección a las personas que se ven forzadas a salir de sus países de origen debido a situaciones de violencia, incluso cuando ellas no sufren persecución de manera individual.

En Latinoamérica, 15 países –entre ellos el Perú y Colombia– han adoptado variaciones de la definición ampliada de refugiado de Cartagena, que aplica a la situación de los más de siete millones de personas que han salido de Venezuela, pues este desplazamiento corresponde a una crisis política, económica y social muy severa, en la que el gobierno del país ni protege ni respeta los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Sin embargo, menos de 100.000 personas venezolanas han sido reconocidas como refugiados en la región. En parte, esto tiene que ver con el hecho de que las personas venezolanas no suelen identificarse como refugiados –solo alrededor de 700.000 han pedido refugio en la región–. Cuando piensan en un refugiado, muchos venezolanos piensan en personas sirias o africanas viviendo en campos de refugiados de asistencia internacional. Y no quieren ser como ellos. Quieren trabajar.

Lo curioso es que, salvo en Colombia, la mayoría de las leyes de refugio en la región permite que refugiados y solicitantes de refugio trabajen. Por ende, aplicar la definición de refugiado de Cartagena podría promover su integración para beneficio de la población nacional y extranjera. Al mismo tiempo, las leyes en América Latina son muy avanzadas en términos de protección y no discriminación. En general, nuestra región cuenta con algunas de las leyes más avanzadas para la protección de desplazados forzosos internacionales. El punto clave es ponerlas en práctica.

Por todo lo anterior, resulta valioso el trabajo de 12 cátedras establecidas con el patrocinio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) en el Medio Oriente, África, Asia y América Latina, que rescatan y difunden los conocimientos locales sobre el desplazamiento forzado, así como las experiencias de las personas que han huido de sus países de origen y de aquellas comunidades que las acogen en el sur global. En el caso de América del Sur, desde la Cátedra IDRC, con sede en la Universidad del Pacífico, desarrollamos una agenda de investigación sostenible sobre la migración forzada en la región, con énfasis en el desplazamiento venezolano. Para ello, colaboramos con académicos, funcionarios públicos, representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, así como con organizaciones de migrantes y refugiados. De ese modo, contribuimos con los esfuerzos que se están llevando a cabo para proteger mejor a la población refugiada en nuestra región.