Minería y conflicto en el “gobierno del pueblo”

Hace un año, el candidato Pedro Castillo logró sintonizar con la frustración de muchos peruanos quienes, además de sentirse excluidos del éxito macroeconómico del país, fueron duramente golpeados por la pandemia. Esto fue especialmente notable en las regiones mineras, en las que Castillo obtuvo mayor apoyo electoral con promesas de extraer más recursos de la gran minería, defender los derechos comunales y entregar infraestructura y servicios necesitados.

En julio del 2021, nuestro país tenía proyecciones favorables de recuperación económica, estimando que la minería aportaría casi US$3 mil millones en impuestos; el doble del año previo a la pandemia. No obstante, los conflictos asociados a esta actividad impactaron en estas proyecciones, principalmente en Las Bambas y Cuajone, que producen conjuntamente el 20% de nuestras exportaciones de cobre. Estas protestas generaron pérdidas que, según estimaciones de la Snmpe, alcanzaron los US$770 millones en producción durante la primera mitad de este año. En junio, el BCR redujo sus proyecciones para el 2022 debido al bajo desempeño de la actividad extractiva.

Estas protestas no se originaron con este Gobierno. Hace más de 20 años la expansión de la gran minería se ha dado en escenarios de pobreza y gran desigualdad. Con o sin procesos de consulta previa, las gestiones de turno han promovido la inversión minera alimentando expectativas de mejoras en la calidad de vida de las comunidades cercanas, las cuales demasiadas veces se han visto incumplidas. Los reclamos de las comunidades han sido nuevamente postergados, radicalizando sus protestas. Por su parte, el Ejecutivo ha respondido de manera similar a sus antecesores, con estados de emergencia y el despliegue de las fuerzas del orden, repitiendo un círculo vicioso de violencia.

El último año se ha caracterizado por la improvisación política, con más de 50 ministros (cinco de ellos en el Ministerio de Energía y Minas), la incapacidad para fijar objetivos y la ausencia del gasto eficiente del presupuesto público que responda a las necesidades de la población rural. Además, el papel de la minería en las prioridades del Gobierno ha sido poco coherente; mientras Castillo invita a invertir en el Perú, el resto del Ejecutivo ha tenido una posición ambigua respecto de la actividad extractiva y la bancada de Perú Libre en el Congreso presenta un proyecto de ley para nacionalizar toda la industria del cobre.

En este primer año no ha habido liderazgo, estrategia clara ni participación de personas preparadas para gestionar los conflictos sociales relacionados al sector extractivo. Este Gobierno se encuentra en “modo supervivencia”. El Perú necesita un Estado con capacidad y consistencia, con funcionarios experimentados y estrategias de prevención y gestión de conflictos consistentes en el tiempo. Aunque es poco realista esperar que el Estado cambie en el corto plazo, esta situación podría empeorar si no logramos elegir gobiernos con mayor capacidad, además de representatividad.