Hace poco convoqué una mesa de trabajo con autoridades locales de una región del país para escuchar sus principales preocupaciones y propuestas. Pero a medida que avanzaba la reunión, iba quedando claro que los alcaldes coincidían en realizar una misma y urgente pregunta: ¿cuándo lograrían el financiamiento de sus proyectos que ya contaban con estudios?
La pregunta fue respondida por “Gestión” (8/2/2023), que en un informe recogió información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y puso en evidencia una cruda verdad: nos tomaría 200 años pavimentar la red vial en todo el país si seguimos a este ritmo de ineficiencia.
Solo el sector Transportes, en sus tres niveles de gobierno, tiene 7.505 proyectos viables sin presupuesto asignado desde el 2017 y suman un total de S/67.409 millones, que representan cinco veces el presupuesto global del MTC para el 2023. Si considerásemos a los demás sectores como Educación, Salud, Desarrollo Agrario, Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar el presupuesto general para cubrir dichas brechas?
A esto debemos añadir que muchos de estos estudios han perdido vigencia en el sistema de inversión pública, por lo que, además de los millones invertidos para su formulación, el Estado deberá destinar nuevos recursos para actualizarlos. Un círculo vicioso que es la madre del actual desembalse de las expectativas regionales.
Ahora bien, los proyectos que sí logran el financiamiento se enfrentan a una muralla llamada ley de contrataciones. No solo se trata de una ley que no permite contratar a tiempo las obras y servicios, sino que no permite excluir del mercado a empresas con mal desempeño o que han incurrido en corrupción.
Es cierto que la coyuntura actual nos exige medidas inmediatas. Por ello, estamos lanzando una convocatoria para la construcción del puente Santa Rosa bajo la modalidad de obras por impuestos. De igual forma, la idea es mejorar la conectividad del país con los aportes del informe del grupo de trabajo sobre la red dorsal de fibra óptica para definir el mejor modelo de gestión que el país requiere. Y, en cuanto al transporte, adjudicaremos los proyectos de la línea 3 del metro de Lima y Callao, así como del eje vial 4 en Amazonas bajo la modalidad de gobierno a gobierno.
No obstante, esto no es suficiente. Debemos mirar el bosque completo. El Perú necesita reformas profundas que permitan impulsar la reactivación económica regional. Es indispensable y urgente encontrar los mecanismos más eficientes que nos permitan destrabar proyectos aprobados y obras paralizadas. Para ello tenemos que desarrollar mejores modelos de gestión de proyectos que los actuales.
Por lo antes expuesto, hemos tomado la decisión de constituir un grupo de trabajo técnico internacional para desarrollar cambios urgentes en la planificación, contratación y ejecución de obras a partir de la casuística aprendida. Dado que somos el ministerio que tiene más contratos de gobierno a gobierno en infraestructura a su cargo, trabajaremos en las bases del cambio.
Estamos, además, incorporando la transparencia en todos los procesos del MTC, pues pensamos que eso le da predictibilidad y eficiencia a nuestra gestión. Y, por último, estamos generando los mecanismos a fin de contar con profesionales idóneos para esta nueva visión.
Han pasado 200 años de nuestra independencia. Esta fue, en la práctica, una refundación de nuestro país. No podemos dejar pasar otros 200 años para cambiar la situación. Debemos refundar la gestión pública en materia de inversión y mantenimiento en infraestructura pública. Solo de esta forma podremos responderles a esos alcaldes preocupados por el justo anhelo de desarrollo de nuestra gente y cumplirles el sueño a todos los peruanos de un país más integrado.