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El lunes 11 de agosto, México promulgó nueve leyes vinculadas a temas energéticos que constituyen el punto de partida de lo que será una verdadera revolución en este país. Las denominadas “leyes secundarias” representan un cambio normativo fundamental sin precedente en este país.
El cambio tuvo como punto de partida la reforma constitucional que impulsó Enrique Peña Nieto, la que permitió que en diciembre del 2013 se modificaran dos artículos de la Constitución mexicana, a fin de eliminar el monopolio estatal en toda actividad vinculada al petróleo, al gas y a la electricidad. Las principales de estas nuevas leyes son: la de Hidrocarburos, la de Industria Eléctrica, la de Pemex, la de la Comisión Federal de Electricidad, la de la Agencia de Seguridad Industrial, la de Protección al Medio Ambiente del sector Hidrocarburos y la del Fondo del Petróleo para la Estabilización.
Peña Nieto apuesta a que con este nuevo marco legal lleguen cuantiosas nuevas inversiones en el sector energético, que se cae a pedazos tras 76 años de monopolio estatal, fundamentalmente en lo referido a hidrocarburos y electricidad. Hoy la producción diaria de petróleo en México ha caído de 3,5 millones de barriles diarios (mmbd) a mediados de la década pasada, a un poco más de 2,5 mmbd, y el costo de la energía eléctrica está entre los más altos del mundo, afectando no solo a los usuarios residenciales que deben pagar cifras exorbitantes en sus recibos eléctricos, sino a todo el sector productivo y a la economía en su conjunto.
Hoy México abre al sector privado la extracción, transformación, transporte y distribución de los hidrocarburos, excepto la venta al público de gasolinas, que continuará en manos del Estado. Todo esto se ha logrado con un extraordinario consenso político y un claro liderazgo. Para la aprobación de estas importantes leyes, Peña Nieto comprometió, de una manera audaz y consecuente con sus planteamientos de campaña, mucho de su capital político. México tiene un sistema político muy complejo, con autoridades federales, estatales y municipales bien enraizadas y poderosas, además de una burocracia implacable (no por nada Octavio Paz escribió su ensayo “El ogro filantrópico”, en el que describe un Estado totalitario y agobiante de la iniciativa individual). Además, Peña Nieto ha logrado convencer a poderosos grupos ambientalistas y líderes indígenas de las ventajas que traerá al país la eliminación de los monopolios.
¿Por qué tiene relevancia para nuestro país esta revolución energética que hoy emprende México? Porque definitivamente estamos orientados en la dirección opuesta. El Perú se encuentra en un callejón sin salida en su esfuerzo por atraer inversión en su sector energético, en especial en hidrocarburos. La consulta previa, los interminables trámites burocráticos y permisos ambientales y arqueológicos han terminado ahogando la iniciativa privada. Además, el Institute of the Americas anunció hace poco que el Perú perderá atractivo como destino de nuevas inversiones en hidrocarburos debido a los cambios en México.
Con una producción declinante de petróleo (63.000 barriles por día), sin nuevos descubrimientos de reservas y con una política que tiende a repotenciar a la empresa pública Petro-Perú (nueva Refinería en Talara) y la ejecución de obras de infraestructura como el gasoducto al sur que será financiada por los usuarios eléctricos, parecería que el “ogro filantrópico” lamentablemente se ha mudado al Perú.
