Escuchar a las mujeres para el diálogo y la paz

Desde hace años, el Perú vive una situación de conflictividad social impulsada por una fuerte polarización política y diversas crisis nacionales y mundiales que afectan las condiciones de vida, generando incertidumbre para las personas en el país. En diciembre del 2023, la Defensoría del Pueblo dio cuenta de 215 conflictos sociales registrados en todo el territorio nacional. Esta conflictividad latente viene acompañada por una creciente desconfianza en las instituciones. De acuerdo con el último informe del Latinobarómetro, en el Perú solo el 8% de las personas están satisfechas con la democracia.

Los conflictos sociales incrementan el riesgo de las personas a sufrir vulneraciones a sus derechos, particularmente en el caso de mujeres. Cuando se dan situaciones de conflicto, se dificulta el acceso a servicios básicos, programas de protección social y servicios de salud, incluyendo los de salud sexual y reproductiva, de acuerdo con el informe “Mujeres, paz y seguridad”, del secretario general de las Naciones Unidas. Además, aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a sufrir violencias de distintos tipos. Ellas, en comparación con los hombres, enfrentan mayores barreras para acceder a los recursos y a participar en la toma de decisiones para la resolución de conflictos, dándoles menos oportunidades para decidir sobre sus vidas y futuros. Asimismo, aunque enfrenten las brechas y se hagan de espacios, su participación muchas veces no se reconoce y no se ve reflejada en las decisiones y procesos políticos que le siguen al conflicto. Los conflictos sociales no son neutrales al género, impactan de modo diferenciado tanto a hombres como a mujeres.

Del total de casos activos, el 62,5% de los conflictos son atendidos mediante mecanismos de diálogo. En ese sentido, es fundamental que estos tengan una amplia representación de personas diversas para generar confianza, especialmente en el caso de las mujeres. Sin embargo, datos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM) revelan que el porcentaje de participación de mujeres en los espacios de diálogo promovidos por el Ejecutivo fue de 28,3% en el 2023; esto representa un aumento, pero el porcentaje está lejos aún de alcanzar la paridad.

Las barreras que enfrentan se ven incrementadas si hablamos del caso de mujeres indígenas. Las brechas que ya enfrentan las personas que se autoidentifican indígenas en el país se cruzan con las brechas de género y dificultan aún más su participación. Según el INEI, solo el 4,1% y el 5,4% de comunidades campesinas y nativas son lideradas por mujeres. Esto reduce significativamente las posibilidades de que sean mujeres quienes representen a sus comunidades en los espacios formales de diálogo y en la toma de decisiones que las afecten como persona y sus modos de vida.

Cuando una mujer participa y lidera un espacio de diálogo, les cede la palabra a otras mujeres, enriqueciendo el debate con perspectivas diversas de personas que cumplen distintos roles en el conflicto: no deben ser vistas exclusivamente como víctimas, sino que se involucran en distintas actividades que aportan al sostenimiento de la comunidad y al diálogo. Por ejemplo, interviniendo mediante el activismo y la incidencia, organizando redes solidarias y asociaciones para atender a las víctimas, y fortaleciendo las capacidades de actores en construcción de paz desde la perspectiva de género.

Además, tienen demandas particulares, que tienen que ver con la forma diferenciada en que ellas experimentan los conflictos. De acuerdo con la SGSD-PCM, cuando una mujer facilita una mesa de diálogo, la participación de mujeres es del 21,7% en comparación con el 16% cuando la facilita un hombre; cuando no hay un facilitador, la presencia de las mujeres disminuye al 12,4%. Es clave que se garantice su presencia en estos espacios, para promover la participación en igualdad de otras mujeres y, así, el ejercicio pleno de sus derechos.

Por otro lado, la participación de mujeres está relacionada con la sostenibilidad de los acuerdos de paz. El informe del secretario general revela que, cuando las mujeres participan en la negociación de los acuerdos, hay un incremento del 20% en la posibilidad de que estos duren al menos dos años. Su participación fortalece la mayor sostenibilidad de cualquier acuerdo, puesto que incluye las necesidades e intereses de la mitad de la población, un elemento crucial para prevenir, resolver o transformar conflictos.

En ese sentido, es clave que procuremos tener a más mujeres liderando espacios de diálogo para la resolución de conflictos. Debemos identificar a las lideresas y apoyar en el fortalecimiento de sus capacidades como participantes y mediadoras, mejorar el modelo de las mesas de diálogo, con enfoque de género, que considere la forma diferenciada en la que las mujeres experimentan los conflictos y, en esa línea, identificar esas diferencias y considerarlas en las rutas de resolución. Por eso, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, venimos impulsando de forma descentralizada iniciativas que apoyen a fortalecer el sistema de prevención y gestión de conflictos, considerando desde el inicio el enfoque de género y la promoción de la participación inclusiva y el liderazgo de las mujeres.

En el 2020, el secretario general de las Naciones Unidas definió la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres como una prioridad política no negociable. Es hora de que apostemos verdaderamente por su inclusión y liderazgo: asegurar la participación de las mujeres nos permitirá vivir un presente más inclusivo e igualitario, en donde todas las perspectivas se consideren para construir un desarrollo con paz para todas las personas.