Nicaragua con cadena perpetua, por María José Guerrero

Más de 500 manifestantes fueron asesinados en las marchas contra Daniel Ortega en el 2018. En un país sin vestigios de estado de derecho y con las instituciones en ruinas, los culpables de las matanzas permanecen impunes, mientras cientos de presos políticos continúan en los calabozos del régimen. Uno pensaría que la vejación de la tiranía no podría agudizarse más, pero, para muestra, un botón: entre octubre y noviembre del 2020, el Parlamento controlado por la dictadura aprobó tres leyes que presentan una trama legal para criminalizar y castigar aun más a la oposición.

El recién estrenado “tridente punitivo” de Ortega incluye la ley de regulación de agentes extranjeros, que sienta la base legal que faculta al Estado a cancelar personerías jurídicas, fijar sanciones penales e intervenir fondos y activos de asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación independientes e, incluso, personas naturales, que perciban fondos del extranjero y que, a discreción del Estado, realicen “actividades que deriven en injerencia en los asuntos internos y externos de Nicaragua”. Más discrecional todavía resulta la ley especial de ciberdelitos, que concibe el crimen de difusión de noticias “falsas” y que pretende regular las voces disidentes que se expresan a través de las redes sociales. Y, para rematar, en noviembre se aprobó con mayoría de votos en el Parlamento la ley que establece la pena de cadena perpetua para delitos denominados “de odio”; léase, actos de oposición que incomoden al régimen. Tiempos aciagos para las libertades públicas.

Ortega desdeñó de manera altanera la advertencia del Parlamento Europeo, que había emitido un proyecto de resolución para la ampliación de las sanciones contra miembros del Gobierno de Ortega en caso se aprobasen dichas leyes. José Ramón Bauzá, eurodiputado español, aclaró en una entrevista que la resolución del Parlamento está dirigida a “la imposición de sanciones a Ortega y Murillo, quienes son los iniciadores y responsables máximos de estas leyes, así como al inicio de los trámites para la suspensión del Acuerdo [de Asociación] con Centroamérica y la Unión Europea”. Anotó, finalmente, que “hay que seguir presionando, hay que seguir imponiendo sanciones, preservando y ayudando a que el estado de derecho funcione”.

Por otro lado, el manejo de la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ha estado marcado por el negacionismo y la incompetencia del Estado. Mientras el Ministerio de Salud (Minsa) reporta 158 defunciones por COVID-19, un análisis de sobremortalidad presentado en un congreso de la Asociación Médica Nicaragüense sostiene que “al 31 de agosto del 2020, en Nicaragua habrían fallecido 7.569 personas a causa de la COVID-19, ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo”. Según este análisis, el Minsa estaría ocultando el 98% de las muertes.

Y, en medio de este escenario dantesco, los huracanes más devastadores de la temporada del 2020 azotaron la costa del Atlántico nicaragüense en las últimas semanas. Eta e Iota dejaron miles de damnificados y daños que aún no se terminan de cuantificar. Según una nota de prensa del Observatorio Ciudadano –una asociación independiente, formada por médicos y personal de salud–, se reportan irregularidades en la conducción de la emergencia por parte de las autoridades del Gobierno, que incluyen el “bloqueo de ayuda humanitaria, proselitismo político en las unidades de salud y la ausencia de alimentos y otros insumos en los albergues”. De manera inaudita, los centros de acopio de donaciones gestionados por la sociedad civil están siendo asediados por la policía, lo que imposibilita la entrega de ayuda a las poblaciones afectadas por los desastres.

Nicaragua está secuestrada por una dictadura procaz y cada vez más violenta. El pronunciamiento tanto de la comunidad como de los organismos internacionales es crucial para arrinconar a Ortega y sus cómplices.