Nos quieren expropiar el futuro

Nos quieren expropiar el futuro. Es lo que sucedería si se aprueba la propuesta de ley para un nuevo sistema integrado de pensiones. No soy partidario del ahorro forzoso; creo en la libertad individual. No creo que el Estado deba tener la potestad de forzarnos a ahorrar, menos aun que dicho ahorro solo pueda ser realizado en una AFP. Sin embargo, confrontado con una realidad en la que tal ahorro previsional obligatorio existe, es preferible que se realice mediante cuentas individuales de capitalización que a través de fondos colectivos.

La propuesta legislativa pretende que los aportes de los peruanos se dividan en dos. Una parte iría a un fondo colectivo que sería administrado por un organismo estatal (una nueva ONP). La otra, a un gestor de inversiones designado por dicho organismo. No está claro aún qué pasaría con nuestros fondos actuales; es decir, si una parte pasaría al fondo colectivo o no (si esto ocurriese estaríamos ante un robo a la Argentina).

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Este sistema sería defectuoso por donde se lo mire. Por un lado, restringiría la competencia. Hoy, los peruanos podemos elegir entre un grupo de AFP que compiten sobre la base de rentabilidad y servicio. Mañana no tendremos elección y estaremos atados a un gestor elegido por el Estado.

Por el otro, nuestro ahorro se limitará, en términos reales, solo a lo que llegue a nuestro fondo individual y no a todo lo que sea retenido a título de aporte. Lo que ingrese al fondo colectivo será, en realidad, un impuesto más. En otras palabras, una menor porción de lo que aportamos los peruanos para tener una pensión en nuestra vejez será nuestro.

Hoy, las pocas personas que participamos del sector formal vemos reducido nuestro salario sobre la base de dos conceptos: impuestos y contribuciones, por un lado, e ingresos diferidos, por el otro. Los primeros equivalen a un aporte forzoso para la manutención del Estado; el segundo, a cuánto estamos guardando para cuando no generemos ingresos.

Esta propuesta equivale a tener menos ingresos diferidos para pagar más impuestos. Tendremos menos ingresos disponibles en el futuro, aumentando la porción confiscada. Así, el ahorro previsional individual pasará a ser un impuesto que se utilizará –esperemos– para el pago de las pensiones de los demás.

Se argumenta que esto tiene un beneficio social, que se alcanzará una mayor cobertura. Pero se requieren 20 años de aportes al fondo colectivo para poder tener una pensión. Esto hace que quienes no participen del mercado formal por ese período –hoy, más del 70% de la PEA– no accedan a una pensión. Si en el camino hicieron algún aporte, este sería expropiado.

Es curioso, además, que si participan del actual sistema sí accederán a una, tal vez mínima, pero que respondería a lo que aportaron y, si la lógica no nos falla, algo de dinero es siempre mejor que nada.