Gracias a los esfuerzos de la Unesco, la agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 21 de mayo de cada año celebramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Su intención es promover que los Estados adopten medidas concretas y efectivas para reconocer, poner en valor y celebrar la diversidad cultural, así como el aporte de esta a la construcción de nuestras naciones. Haciendo parte del discurso oficial del Estado Peruano, estas aspiraciones no nos son ajenas. Pero, ¿qué significa realmente ser una sociedad-nación que abraza su propia diversidad cultural?
Hace unos días, nos despertábamos con la noticia de que el quechua estaría siendo incorporado a la herramienta de traducción de Google, junto con el aimara y el guaraní; todas, lenguas indígenas habladas por millones de personas, sobre todo, en América Latina. Solo en nuestro país, el Estado ha logrado reconocer 44 lenguas indígenas amazónicas y cuatro lenguas indígenas andinas que, según el último Censo Nacional, serían habladas por más de 4,5 millones de ciudadanos a lo largo del territorio nacional. Una lengua representa no solo una forma de utilizar los sonidos, sino una forma particular de entender y describir el mundo. Una forma particular de articular ideas y pensamientos. A la postre, una forma particular de construir y vincularnos con la realidad que nos rodea; una cultura.
Entonces, ¿cómo reconciliamos el discurso de poner en valor nuestra diversidad con la inexistente estrategia de valorar esa diversidad (si acaso únicamente la lingüística) en el servicio a la ciudadanía? Lo que tenemos hoy son unas horas de programación de noticias en el canal del Estado y alguna señalética en algunas oficinas ministeriales; medidas que conviven con un régimen de educación intercultural bilingüe que no está pensada para toda la población que la necesita, servicios básicos provistos mayoritariamente en español y en base a epistemologías occidentales, además de una escandalosa falta de jueces, operadores de justicia, policías, médicos, profesores, legisladores y hacedores de políticas entrenados en pertinencia cultural y en enfoque intercultural. Lo que también tenemos es una mayoría poblacional que, al no sentirse aludida o afectada por esta falta de atención del Estado, no se considera parte del problema y/o goza del privilegio de poder ser indiferente ante el mismo.
La valoración de la diversidad requiere más que discursos oficiales. La importancia está en la generación de mecanismos para facilitar que la diversidad cultural deje de ser uno de los mayores impedimentos para el pleno desarrollo y el ejercicio de los derechos de las personas. La urgencia está en que dejemos de ver este problema como correspondiente a alguien más. Ser una verdadera sociedad intercultural va a requerir que nos veamos, nos reconozcamos y aboguemos por el otro y sus derechos hoy.