Ocho años, 9 meses y 3 días

El 12 de enero del 2012, Óscar Ugarteche solicitaba ante Reniec la inscripción de su matrimonio celebrado en la Ciudad de México. El trámite del asunto habría sido bastante regular de no ser por un detalle en el pedido: buscaba registrar su matrimonio con el mexicano Fidel Aroche.

Para el 2012, el panorama jurídico mundial era muy distinto al de hoy: apenas 11 países permitían la figura y, en Sudamérica, solo estaba plenamente autorizada en Argentina. Los pocos casos sobre matrimonio igualitario litigados para entonces en instancias internacionales tampoco habían culminado con algún resultado auspicioso. Era un contexto estratégicamente poco favorable para la causa homoconyugal. Jurídicamente, un riesgo enorme.

Una aclaración importante antes de seguir. En estricto, el expediente Ugarteche no es un caso de matrimonio igualitario, sino uno de “reconocimiento” de matrimonio igualitario. Ugarteche y Aroche no están pidiendo que algún alcalde los case en el Perú. Ya son esposos. Lo que pretende Óscar es que su unión sea válida en su país de nacimiento. En otras palabras, estamos ante un pedido jurídicamente poco pretencioso: que no se consume el absurdo de ser cónyuge de alguien en un lugar, pero no en otro.

El Caso Ugarteche ha seguido una ruta procesal tortuosa. Luego de la negación de Reniec, el asunto pasó al Poder Judicial vía amparo. En el camino, se emitieron dos sentencias y, desde el 2018, el asunto está en la recta final: en manos del Tribunal Constitucional. En total, han pasado 8 años, 9 meses y 3 días.

Es cierto que el sistema jurídico peruano, heteronormativo por esencia, no tiene una ley de matrimonio igualitario. El Perú comparte el deshonor de ser uno de los pocos países en las Américas que carece todavía de alguna fórmula jurídica para que las parejas de lesbianas, gays y bisexuales puedan ser reconocidas como familia.

Son dos los textos relevantes sobre el matrimonio en el Perú. El primero es el artículo 4 de la Constitución de 1993: “La comunidad y el Estado […] protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”. El segundo es el artículo 234 del Código Civil de 1984: “El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común”. Entre los argumentos que se han esgrimido para justificar la denegación del pedido de Ugarteche, el más saltante siempre ha sido que el ordenamiento jurídico peruano no lo permite explícitamente.

Pero el Derecho, menos mal, ya ha cambiado. Hoy, 29 Estados en el mundo permiten el matrimonio igualitario, cinco de ellos vecinos sudamericanos nuestros además de Argentina: Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile. Así también, en el 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-24/17, estándar vinculante para el Perú, que establece que el matrimonio igualitario debe ser visto en adelante como un asunto de derechos humanos. Es decir, sin que excluya a nadie por razones tales como su orientación sexual. Hacer lo contrario llevaría al país a incurrir en responsabilidad internacional por discriminar.

De todos los dilemas jurídicos que el matrimonio igualitario presenta, pareciera que el reconocimiento de las nupcias de Ugarteche sería el problema menos complejo de todos. Total, él ya está casado. Pero los que se oponen a esta medida saben bien que la ventana de oportunidad que una decisión favorable en este caso puede abrir será el inicio del fin del matrimonio como hoy lo conocemos. De ganar Ugarteche, el matrimonio en el Perú será una figura jurídica todavía imperfecta, pero más justa.

Ojalá, además, pronto se apruebe el proyecto de ley de matrimonio igualitario que duerme el sueño de los justos en el Congreso desde hace varios años. Por ahora, si de verdad cree en la libertad, debería instar a que el Tribunal Constitucional reconozca de una vez a Óscar y Fidel como lo que son: esposos y familia. O que, al menos les brinde una respuesta. Y es que ya han pasado 8 años, 9 meses y 3 días.