(Foto: EFE)
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El domingo pasado, el mundo miró hacia , donde fue reelegido presidente por seis años más. Fueron unas elecciones boicoteadas por la coalición opositora más representativa –la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)– que las calificó de “farsa”, y los 14 países latinoamericanos que conforman el anunciaron que no reconocerán el resultado de los comicios.

¿Pero qué pasará en Venezuela después de la reelección de Maduro? En primer lugar, se espera un mayor deterioro económico impulsado por la mala gestión económica y nuevas sanciones que la comunidad internacional impondrá en contra del sector petrolero venezolano. Según estimaciones de IHS Markit, la economía de Venezuela se contraerá al menos en 15% en el 2018, y la inflación, que ya es la más alta del mundo, seguirá en aumento y llegará a lo menos a 8.000%. La recuperación económica en Venezuela solo es posible a través de su sector petrolero, que representa el 25% del PIB, el 50% de los ingresos fiscales y proporciona el 97% de los ingresos de exportación. Desde el 2015, la producción de petróleo ha caído un 43%.

Con la economía en caída libre, la población dependerá cada vez más de los programas de subsidio alimentario del Gobierno, como las bolsas de alimentos CLAP (comités locales de abastecimiento y producción), que se entregan semanalmente a funcionarios públicos y en áreas de bajos ingresos. Este programa es claramente insuficiente y ha sido criticado como un monopolio alimentario manejado por grupos de poder vinculados al Gobierno. Según Cáritas, en diciembre del año pasado había 280.000 niños venezolanos desnutridos, 9 de 10 hogares con niños no podían cubrir el costo de sus comidas diarias y 33% de la población infantil presentó retrasos en su desarrollo físico y mental. En los últimos meses esa situación se ha vuelto cada vez más dramática.

La combinación de sanciones internacionales, una menor producción de petróleo y la debilidad de los precios internacionales del petróleo intensificarán aun más la escasez de alimentos y de bienes básicos, y llevará a un mayor número de venezolanos a emigrar. Según una encuesta de Consultores 21, a fines del 2017 vivían cuatro millones de venezolanos fuera del país y 40% de los entrevistados quería irse. Esas cifras son más pronunciadas en los sectores más jóvenes (51%) y en las clases medias altas con respecto a las populares (55% versus 33%).

Aunque la salida masiva de venezolanos descontentos mitiga el potencial de protestas para desestabilizar al gobierno, Maduro dependerá cada vez más de los militares para sobrevivir. Los altos oficiales militares mantendrán el control sobre la economía formal, así como el sector petrolero, los puertos y aeropuertos, y las importaciones de alimentos y bienes básicos (que la mayoría de los principales comandantes militares organizan a través de intermediarios y empresas pantalla), pero también a través de canales de mercado informales vinculados al tráfico de drogas, la minería ilegal y el contrabando de combustibles. Su posición privilegiada reduce el riesgo de que los militares protagonicen un golpe y garantiza una fuerte represión de las protestas sociales en las áreas de bajos ingresos.

El único escenario posible para que la Fuerza Armada le retire el apoyo a Maduro es en la improbable situación de que las protestas generalizadas y los saqueos vayan más allá de la capacidad de contención de las fuerzas de seguridad.

Por último, en el plano internacional, Venezuela se volverá cada vez más dependiente de Rusia y China para acceder a financiamiento y crédito, y hasta para vender y transportar petróleo fuera de Venezuela. También es probable que las relaciones con Colombia se deterioren significativamente, especialmente si resulta electo el candidato del Centro Democrático Iván Duque, tanto por el aumento del flujo de migrantes como por la creciente evidencia y denuncias del Gobierno Colombiano de que el grupo insurgente de este país Ejército Nacional de Liberación (ELN) opera libremente en territorio venezolano.