(Ilustración: Giovanni Tazza)
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Óscar Vidarte

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En las elecciones mexicanas del año 2006, Felipe Calderón resultó ganador por un estrecho margen de votos. La oposición, liderada por Andrés Manuel López Obrador (actual presidente de dicho país), denunció la existencia de serias irregularidades y decidió no reconocer la victoria de Calderón. Consciente de la limitada legitimidad interna que tenía, el nuevo gobierno construyó su política exterior buscando adquirir legitimidad, llevándolo a desarrollar un importante acercamiento hacia Latinoamérica. Así, Calderón logró reunirse con diferentes líderes políticos de la región, que lo reconocieron como presidente de México, incluso con aquellos ideológicamente distintos, dejando un claro mensaje: mientras la izquierda mexicana no lo reconocía, la internacional sí.

Como vemos, la legitimidad es un aspecto de gran relevancia para un gobierno. La legitimidad hace referencia a la obediencia, al respeto, al consenso existente en la población respecto de un gobierno. Es evidente que, en una sociedad tan fracturada como la peruana, el gobierno de Manuel Merino carece de legitimidad. Por eso, el desplante de los presidentes regionales, así como la protesta y la manifestación pública (e incluso las encuestas que seguramente van a ser contrarias a los intereses de Merino) debilitan al actual gobierno.

Si a la falta de legitimidad interna, le sumamos los cuestionamientos acerca de la legalidad de la vacancia (convertida en un juicio político express) y la completa desnaturalización de la idea de democracia (vacar al presidente en el Perú es más fácil que a un alcalde distrital), estamos frente a un gobierno que debería dejar el poder.

Pero esta legitimidad también se manifiesta a nivel internacional, por ello es muy importante el reconocimiento que los diferentes países y organizaciones internacionales puedan brindarle al gobierno que ha llegado al poder. Si bien los Estados son soberanos, por lo que, en principio, ningún otro país podría inmiscuirse en asuntos que no le corresponden, la defensa de la democracia ha ido adquiriendo cada vez más importancia en América Latina. En las últimas décadas, se han desarrollado una serie de herramientas que, aunque imperfectas, reflejan el interés de la región por evitar que nuestros países caigan en manos de regímenes que llegan y ejercen al poder utilizando caminos poco o nada democráticos.

Aunque lamentablemente la defensa de la democracia muchas veces se politiza, lo cierto es que la falta de reconocimiento de un gobierno inconstitucional es reflejo de un país aislado de la comunidad internacional. Tratándose del gobierno de Merino, salvo por Chile, Paraguay y Uruguay, de manera explícita, y Brasil, en forma implícita, ningún otro país lo ha reconocido como presidente de la República. Puede ser conveniencia política o alineamiento ideológico, pero otros países que pudieron haber seguido la misma línea, como Colombia (a pesar de un primer comunicado algo confuso) y Ecuador han preferido, a través de sus presidentes, apoyar lo señalado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Pero, ¿qué ha dicho la OEA? Sin reconocer a Merino como presidente, ha delegado al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie acerca de la “legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”. Es decir, deja en ‘stand-by’ su reconocimiento. Incluso entidades no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW), WOLA y DPLF han ido más allá, la primera cuestionando la amenaza contra el estado de derecho que implica la vacancia y pidiendo convocar al Consejo Permanente de la OEA para que siga de cerca lo que viene sucediendo; y, en el caso de las otras dos, señalando que estamos frente a una “abierta violación de las reglas constitucionales”.

Aunque no reconocer a un gobierno podría implicar la ruptura de las relaciones diplomáticas, en la práctica es muy difícil que esto suceda. Los países suelen ser muy cuidadosos para proteger sus intereses con los otros, por lo que, en escenarios como el actual, prefieren no expresarse o utilizar el típico lenguaje diplomático que, sin llegar a reconocer al gobierno, manifiesta su escepticismo (como lo demuestra el reciente comunicado de la cancillería argentina). De todas maneras, el hecho de que ningún miembro de la comunidad diplomática acreditada en el país haya asistido a la toma de mando de Merino dice mucho acerca del reconocimiento de su gobierno a nivel internacional.

En resumen, la ausencia de legitimidad interna y externa debilita al gobierno de Merino, de tal forma que hace imposible que tome muchas decisiones que, probablemente, adoptaría en otras circunstancias, e incluso impide que permanezca en el poder.