Ortega no sabe bailar, por María José Guerrero

La orden de detención contra el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado es la última arremetida del régimen de Daniel Ortega contra las libertades cívicas, los derechos humanos, la literatura y hasta la imaginación. Este acto repudiable coincide con la reciente publicación de la última novela del premio Cervantes, “Tongolele no sabía bailar”, que se desarrolla en el contexto de las marchas de abril del 2018, en las que perdieron la vida más de 500 personas a manos de la policía y de los paramilitares de Ortega. El escritor es acusado por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, y por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, además de lavado de dinero, bienes y activos. Nicaragua vive en estado de sitio, presa de una pareja homicida que se siente cada vez más amedrentada por el pensamiento opositor y la palabra inteligente. Hoy, 15 de setiembre, el país celebra el bicentenario de su independencia bajo el manto de una dictadura.

Y es que, en Nicaragua, la realidad supera la ficción. A partir del 28 de mayo, el régimen inició una nueva ola de detenciones que engulló a siete precandidatos presidenciales que participarían en las elecciones de noviembre del 2021, así como a activistas políticos, líderes estudiantiles, representantes campesinos, empresarios y periodistas. Todos alimentan una lista de más de 140 presos políticos. Amnistía Internacional divulgó recientemente un informe que concluye que al menos diez de estos casos tipifican el delito de desaparición forzada. El documento agrega que estos casos no son aislados y “representan la realidad de un número más amplio de personas que han sido detenidas recientemente y cuyos casos comparten importantes similitudes con estos”. A raíz de la aparición del informe, las autoridades permitieron visitas restringidas a los detenidos.

El líder estudiantil Lesther Alemán, célebre por recriminar públicamente a los Ortega en una transmisión televisiva del fallido diálogo nacional, se encuentra en los calabozos del régimen. Luego de 60 días desaparecido, fue visto el 9 de setiembre en la audiencia inicial que se celebró en su contra por un supuesto “menoscabo a la integridad nacional”, de acuerdo con la rastrera Ley 1055. Esta “ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz” fue aprobada por el Congreso de la dictadura en diciembre del 2020. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció mediante un comunicado que “la condición física y psicológica de Lesther Alemán está por completo deteriorada y que responsabiliza al régimen de Ortega por lo que pueda ocurrirle al joven”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) también manifestaron su condena a la criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua y ante las graves condiciones de detención en las que permanecen personas opositoras que fueron privadas de su libertad. Según reza el comunicado conjunto, “ambos organismos recibieron información acerca de las graves condiciones de detención a las que se enfrentan las personas detenidas, en particular las mujeres, como interrogatorios constantes, aislamiento, exposición a luz artificial las 24 horas del día, la falta de atención médica y acceso a agua y alimentación insuficiente”.

La comunidad y la prensa internacional deben continuar denunciando al régimen de Daniel Ortega y repudiar la pantomima de proceso electoral ante la flagrante ausencia de garantías mínimas para la celebración de los comicios presidenciales, la falta de libertad, seguridad y transparencia, la persecución de la oposición y la ausencia de misiones de observación internacional. Una novela negra cuyo desenlace, tarde o temprano, acabará con la caída de esta dictadura.