OSCE: no más de lo mismo, por Carlos Carpio

En unas semanas vencerá el plazo para que el Ejecutivo ejerza las facultades legislativas delegadas por el Congreso. Se han anunciado reformas en temas de contratación con el Estado y aguardamos que no sean simples cambios de nombre, incrementos injustificados de discrecionalidad o reducción de control. Así solo se logra confusión, se generan procedimientos nulos o desiertos y se propicia la corrupción.

Aguardamos un régimen de contratación público unitario y supervisado. Urge acabar con la mala práctica de crear procedimientos paralelos o de recurrir a organismos internacionales cuestionados para disponer de recursos del Estado porque, bajo el pretexto de no demorar la compra, se adquiere “a dedo”, sin posibilidad de una impugnación transparente e imparcial y sin supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Deben eliminarse las reglas discrecionales que permiten a las entidades licitantes cancelar un proceso de selección bajo el argumento de “razones justificadas” o rechazar propuestas cuando se susciten, a su solo criterio, “dudas razonables sobre el cumplimiento del contrato”. ¡Cada entidad tiene sus propias dudas!

No se debe limitar el derecho a impugnar ante el OSCE exigiendo fianzas desproporcionadas que, si se ejecutan, se trasladan como ingreso… ¡para el propio organismo! ¿Juez y parte? Una alternativa para evitar impugnaciones sin fundamento sería establecer un sistema de puntajes para los postores, como en los brevetes: cada impugnación infundada reduce los puntos del impugnante, requiriéndosele fianza solo si carece de estos.

Sin embargo, tan importante como un cambio normativo es que las reglas de juego se apliquen para todos por igual, sin arbitrariedades. Aquí, el rol del OSCE es determinante, porque actúa como garante. Es hora que brinde –como no lo ha hecho antes– una función efectiva de supervisión y orientación. Actualmente, cuando alguien presenta ante este organismo denuncias de colusión entre entidades y postores en la elaboración de especificaciones técnicas a medida, recibe por respuesta una lavada de manos, indicándosele que la fijación de las características de lo que se quiere comprar o contratar “corresponde al área usuaria de cada entidad convocante”.

Los distintos órganos del OSCE no tienen que contradecirse. Ha sucedido que postores, confiando en la interpretación de uno de estos órganos, presentaron ofertas que luego fueron descalificadas por resoluciones del tribunal de la misma institución, que no aceptaba el criterio de su “hermano”. Las propuestas se declararon inexactas y se llegó a inhabilitar a los postores para contratar con el Estado por tres años. Mientras el OSCE no unifique sus criterios, la dualidad no debe perjudicar al postor.

El tribunal del OSCE debe tener un incentivo real para no emitir resoluciones arbitrarias que no respeten sus precedentes. El Gobierno puede implementar una instancia similar a la Oficina de Control de la Magistratura, al interior del OSCE, que castigue a los vocales deshonestos… pero de verdad. 

Es hora de que el registro de proveedores del OSCE deje de ser cuello de botella impidiendo participar en licitaciones. Sus calificadores deben ser capacitados para no formular observaciones irracionales e impredecibles. Hoy, por ejemplo, se pide a los extranjeros que todos los años demuestren que mantienen el mismo objeto social y el trámite de inscripción para ejecutores de obras puede demorar seis meses por requerimientos inacabables de información.

Estamos en una hora crucial para la contratación pública, pero también para el OSCE. Felizmente, del lado del Gobierno se transmite una voluntad de cambio y las nuevas autoridades que hoy dirigen el OSCE y su Registro Nacional de Proveedores han expresado también su mejor propósito de mejorar dicha importante institución del Estado.