¿Otro inicio del fin?

¿Ahora sí? ¿Es el fin? ¿De esta no sale? Todas son preguntas que recibo frecuentemente en público y privado; en sets de tv y radio, pero también en reuniones familiares y amicales, respecto de la suerte de Pedro Castillo, su entorno íntimo y el grupo de personas que incomprensiblemente (y con casi seguros efectos legales personales próximos en varios de los casos) lo siguen acompañando en el Gabinete.

Y respondo siempre: si viviéramos en un país en el que la racionalidad, algo de sentido común y quizá un poco de autoestima patriótica (sea lo que ello signifique en cada quién) tuvieran una rala existencia, el profesor habría dejado el cargo meses atrás.

¿Las explicaciones? Primero, adolecemos mayoritariamente de las tres condiciones arriba señaladas, primando en el país los factores exactamente opuestos; esa es la razón por la que plazas y calles siguen extrañando a peruanos movilizados e indignados, y preocupados por su presente y futuro. Acaso el hecho de que las personas vivan más pendientes de su subsistencia, empleo e ingresos, hace lo suyo.

Y segundo, el Ejecutivo y el Legislativo (en una alta proporción) han caído en manos de pequeños grupos que son una vívida expresión de nuestra contundente informalidad e ilegalidad, normalizando prácticas patrimonialistas desde sus lugares de origen o la más absoluta corrupción en sus relaciones con el Estado.

También es justo decir (y así lo revelan las encuestas) que este “secuestro” de ambas entidades ha sido producto de la precariedad del sistema político y las reglas electorales, que agravan la atomización de las ofertas políticas y, así, grupos minoritarios con muy pobre respaldo ciudadano terminan sobrerrepresentando al país y agravando la falta de legitimidad y la gobernabilidad.

Hasta ahí algunas explicaciones. Pero volvamos a hoy. O, mejor dicho, a anteayer. Dado que asistimos al secuestro de la política oficial, la salida a esta crisis dejó de ser, hace rato, un tema estrictamente político. Es decir, no podemos aspirar a que quienes son expresión de los males que nos aquejan sean los portadores de la solución.

Si el problema es el crimen (organizado), delitos y delincuentes (los “secuestradores”), la llave (hoy al menos) está en quienes combaten esos males. Ergo, estamos en las manos de fiscales y jueces. Al final, la salida tendrá que ser extrapolítica y acaso innovativa constitucionalmente hablando.

Será preciso entonces que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con mucha firmeza (como lo vienen haciendo), apegados al debido proceso y con celeridad, sea para empujar a algunos de los “secuestradores” (congresistas) a “entregar las armas e irse” (votos y vacancia en el Congreso); o, caso contrario, lograr que en uno o varios fallos históricos sean los jueces supremos los que nos quiten las amarras poniendo fin a esta pesadilla.

Nunca olvidar: sin instituciones fuertes no hay democracia.