"Pero lo cierto es que este nivel de incompetencia y esta facilidad para tomar medidas autoritarias ya son sofocantes. El país necesita que se vayan Castillo y los 18 incapaces". (Foto: GEC)
"Pero lo cierto es que este nivel de incompetencia y esta facilidad para tomar medidas autoritarias ya son sofocantes. El país necesita que se vayan Castillo y los 18 incapaces". (Foto: GEC)
/ Juan Carlos Guzman Negrini

El lunes, protagonizó el momento más infame de su Presidencia. Por la noche, en horas en las que se escabullen los ladrones y a minutos del trigésimo aniversario del autogolpe de Alberto Fujimori, el ‘presidente del pueblo’ declaró la instauración de un en Lima y el Callao.

Dijo que el objetivo era proteger la ciudad ante el asedio inminente de algunos vándalos disfrazados de manifestantes, pero se notó como una reacción a las protestas que en otros lugares del país se daban contra su . Una medida inconstitucional y burdamente autoritaria que fue respaldada por los 18 (aún no había reemplazo para el censurado exministro de Salud, Hernán Condori) ministros de Estado.

Tras todo lo que siguió a esa noche, no podemos evitar hacernos varias preguntas: ¿Qué pasó por la cabeza de las 19 personas que participaron del cónclave ministerial para que creyeran que esta era una decisión acertada? ¿No hubo ninguna persona, con algo de tino, que haya expresado dudas sobre el camino elegido? ¿No se preocupó el ministro de Economía Óscar Graham por el perjuicio a los peruanos que dependen de su trabajo diario? ¿O a caso secundó el famoso “no creo que se queden sin comer porque es un día” del ministro de Justicia Félix Chero? ¿Ninguno de los abogados presentes se preocupó por el claro atropello a los derechos individuales que la medida suponía? Y, sobre todo, ¿no hubo alguien en Palacio de Gobierno que advirtiese de que el tiro les podría salir por la culata, como ocurrió?

El Ejecutivo se las arregló, entre las 23:45 del 4 de abril y las 17:00 del 5 de abril, para ejercer con más desvergüenza que nunca toda su incapacidad. Y es que bastaba un dedo de frente para saber que pocos acatarían un disparate de ese calibre y quizá medio dedo adicional para saber que el hecho atizaría aún más el descontento ciudadano. Las consecuencias para el Gobierno solo han sido negativas. La desobediencia ciudadana de ese día, devenida protesta masiva en el Centro de Lima, dibujó a un presidente sin autoridad al que la gente no solo no escucha, sino que también repudia. Hecho graficado por el 76% de desaprobación (Datum) que ya pesa sobre él. Y si de algo sirvió el retroceso repentino del mandatario a horas del fin de la inmovilización fue solo para confirmar su pusilanimidad.

Pasado el 5 de abril, diversos medios de comunicación se refirieron a una dupla de asesores como los responsables de haberle metido la idea al presidente de que un grupo de maleantes vendría a saquear Lima, lo que supuestamente motivó el insólito toque de queda. Sin embargo, la circunstancia no diluye la responsabilidad de Castillo y de sus ministros. Al final del día, ellos tomaron la decisión y se comieron el cuento. En todo caso, ¿los ministros del Interior y de Defensa no podían conseguir inteligencia real? ¿O les caía como anillo al dedo la posibilidad de frustrar las protestas por decreto? En todo caso, si para proteger a la ciudad tienen que encerrar a sus habitantes, es claro que no saben hacer su trabajo.

Dicho todo esto, no hay duda de que los que avalaron esta decisión deberían dejar sus cargos, incluido el presidente –que desde hace rato viene ladeándose como pato rengo–. Al mismo tiempo, tendrá que sancionarse a los grupos minoritarios de delincuentes que el martes atacaron a la policía y a los edificios de algunas instituciones públicas.

Pero lo cierto es que este nivel de incompetencia y esta facilidad para tomar medidas autoritarias ya son sofocantes. El país necesita que se vayan Castillo y los 18 incapaces.

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