Tiempo perdido, por Juan Mendoza

Hay una notoria desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inversión minera desde el 2011. Muchos proyectos rentables están atrasados o paralizados debido a la incapacidad de nuestras autoridades de cumplir de forma expeditiva con la normativa vigente y a la obtusa oposición por parte de algunos grupos de interés. Otros proyectos están postergados indefinidamente a la espera de otros vientos en la escena política nacional. ¿Cuál ha sido y será el costo del estancamiento en la inversión minera?

Para ser conservadores, solamente consideraré siete proyectos, hoy paralizados, que deberían haber entrado en producción a fines del 2014 o inicios del 2015. Estos proyectos son Conga, Galeno, Cañariaco, Shahuindo, Quechua, Hilarión y Haquira. El total de la inversión que no se ha realizado en estos proyectos asciende a US$10.750 millones. Utilizando el multiplicador de la minería de 1,6, calculado por María Alejandra Zegarra, ello implica que se ha dejado de generar valor agregado por un monto aproximado de US$17.200 millones. Como comparación, el PBI peruano, en dólares, llegará a 205.000 millones este año. Podemos inferir que, de haberse realizado, estas inversiones hubiesen contribuido entre 1,2 y 1,5 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del PBI durante el 2013 y el 2014.

Asimismo, estas inversiones nos hubiesen permitido incrementar las exportaciones mineras en cerca de US$5.000 millones en el 2015 con las cotizaciones de los metales vigentes en la actualidad. Ello sería equivalente a más de 20% de las exportaciones mineras del 2014. Así, hubiésemos podido producir 583.000 toneladas métricas finas de cobre y 867.000 onzas de oro adicionales. El incremento en la producción de cobre sería equivalente a más de dos veces la producción de Toromocho. Y, como consecuencia de no haber realizado estas inversiones, la producción de oro tendrá una trayectoria decreciente en los años venideros.

El hipotético incremento en las exportaciones hubiese generado, como impacto inicial, 74 mil empleos directos y 58 mil indirectos. Estos hubiesen sido, además, empleos formales con ingresos superiores al promedio del mercado laboral nacional. El impacto positivo de largo plazo sobre el empleo hubiese sido de cientos de miles de nuevos puestos de trabajo. Estas nuevas exportaciones hubiesen generado, además, valor agregado en el resto de la economía por cerca de US$2.800 millones anuales. Finalmente, el fisco hubiese recibido miles de millones de soles en tributos adicionales.

El lector notará que el cálculo subestima el verdadero costo del estancamiento de la inversión minera, pues se limita a siete de los muchos proyectos que no se han ejecutado y porque no considera la pérdida de credibilidad del Estado Peruano al incumplir sus propios compromisos. Ahora mismo, nuestro Estado enfrenta la posibilidad de un reclamo internacional debido a la arbitraria postergación de Santa Ana en Puno.

Si no hubiésemos detenido el crecimiento en la inversión minera, hubiésemos podido lidiar mucho mejor con la caída en los términos de intercambio que ha desacelerado nuestra economía. Las regiones hubieran tenido más actividad económica y fuentes adicionales de canon. La pobreza hubiese caído con mayor rapidez.

¿Cómo podremos explicarles a las generaciones venideras nuestra curiosa elección de no realizar proyectos con beneficios tan evidentes en un contexto internacional tan favorable? La historia nos enseña que, como consecuencia del progreso técnico, lo que hoy es recurso no necesariamente lo será mañana. No perdamos un minuto más.