¿Quiénes son los regufiados?

Cuando imaginamos a una persona que necesita protección internacional, lo usual es que pensemos en víctimas de alguna guerra sangrienta o personas perseguidas por sus opiniones políticas, religión o por su pertenencia a cierto grupo social. Pensamos en los sirios que huyen de la guerra civil, en los ucranianos que escapan de la invasión rusa o en los palestinos que han tenido que dejar sus hogares a causa de los ataques aéreos israelíes. Esta imagen de quiénes son los refugiados tiene su origen en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, aprobada en 1951 en Ginebra.

Sin embargo, alrededor del mundo, el término refugiado no aplica solamente a las personas que reúnen estas características. América Latina, de hecho, es una región que, al menos en teoría, se encuentra a la vanguardia en lo que respecta a la protección jurídica de los desplazados forzosos. Hace 40 años, a raíz de las guerras civiles y violaciones de derechos humanos que llevaron al desplazamiento masivo de personas en Centroamérica, representantes de varios países latinoamericanos elaboraron la Declaración de Cartagena sobre Refugiados.

Esta declaración, innovadora a nivel mundial, también considera como refugiados a los que escapan de sus países “porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Al día de hoy, la mayoría de países de América Latina ha adoptado total o parcialmente la definición de refugiado de Cartagena en sus normas nacionales. Es por ello que las Naciones Unidas considera que nuestra región es líder en el mundo en materia de protección de refugiados –por lo menos en el papel. En el caso del Perú, la Ley de Refugiados ha adoptado casi en su totalidad la definición de Cartagena, únicamente excluyendo la expresión “violencia generalizada”.

A pesar de ello, cuatro décadas después, la gran mayoría de países latinoamericanos no está dispuesta a poner en práctica sus propias normas nacionales. Como ha sido demostrado por diversos autores, Cartagena aplica el éxodo venezolano –y deberíamos añadir al haitiano. Sin embargo, solamente Brasil y México (y en menor medida Costa Rica) han reconocido de manera general a los venezolanos como refugiados. El Perú, en contraste, no ha aplicado su propia Ley del Refugiado, otorgándoles a los venezolanos múltiples permisos temporales que no generan la misma protección ni derechos que la condición de refugiado.

Entre otros factores, eso ha llevado a que nuestro país destaque por ser –por mucho– el país de la región con mayor número de solicitudes de refugio sin respuesta de personas venezolanas. En números concretos, según Acnur, al cierre del 2023 el Perú tenía casi 500 mil solicitudes de refugio, concentrando el 80% de las peticiones pendientes en América Latina y el Caribe. A la vez, el número de venezolanos reconocidos como refugiados es extremadamente bajo, menos de 5 mil pese a la grave crisis que atraviesa Venezuela. En comparación internacional, Brasil, que tiene solo 19 mil solicitudes pendientes, ha reconocido 25 veces más refugiados venezolanos que el Perú.

Es crucial destacar que reconocer a los migrantes venezolanos como refugiados no es un tema de ideología, sino aplicación de la ley. Se trata de hacer valer el estado de derecho. Mientras que en México se empezó a reconocer a los venezolanos como refugiados con base en la definición de Cartagena durante el gobierno de Peña Nieto y se ha continuado haciéndolo durante el gobierno de izquierda de López Obrador, en Brasil esta medida comenzó en el gobierno de Jair Bolsonaro. Y es que es muy difícil argumentar que los venezolanos no son víctimas en su país de violencia generalizada, graves perturbaciones del orden público o violaciones masivas de derechos humanos. En un país sin elecciones libres, es imposible afirmar que se respetan los derechos civiles y políticos más elementales. El propio Estado peruano, como parte del Grupo de Lima, calificó de ilegítimo al régimen de Nicolás Maduro y llamó a la Corte Penal Internacional a tomar en cuenta los crímenes de lesa humanidad del gobierno venezolano. Además, reconocer a los venezolanos como refugiados no implicaría otorgarles una subvención económica como sí sucede en otros países.

A 40 años de que América Latina revolucionara la regulación sobre refugio en el mundo con la Declaración de Cartagena, es tiempo de que la pongamos en práctica, que nuestras leyes no sean solo letra muerta. A fin de cuentas, todos quisiéramos que, si en nuestro país sucediese algo como lo que ocurrió en Venezuela, que al menos en otros países se respeten nuestros derechos.