Plata hay, falta tiempo, por Enrique Castellanos

“Plata hay, falta tiempo para gastarla”, recordaba este adagio cuando oía en el CADE a Gonzalo Prialé decir que debemos incrementar nuestra deuda pública hasta 40% del PBI para cerrar nuestra brecha en infraestructura. Confieso que estuve a punto de darle la razón, pero, de regreso a Lima, padecí más de 40 minutos en la carretera cruzando Chincha. 

Con la cabeza más fría, debo decir que no hay que caer en la tentación de endeudarse porque hoy los mercados y nuestras cuentas fiscales lo permiten. Sea en infraestructura, inversión social o gasto corriente, cada dólar –prestado o propio– debe ser invertido con rigurosidad técnica: tasas de retorno de mercado, flujos de caja autosostenibles y valores presentes netos positivos. Relajar estos principios abre puertas a los pecados del pasado. 

El problema más urgente en el sector público es su incapacidad de gasto. Por ejemplo, los gobiernos regionales y locales, en promedio, solo ejecutan alrededor del 70% de su presupuesto y cifras similares vemos en otros organismos estatales. Si hoy decidiésemos endeudarnos tal como se propuso en CADE, terminaríamos con la plata sentada en nuestras arcas pagando intereses, sin ponerla a trabajar.

¡Ojo! Cuando hablo de capacidad de gasto, no me refiero al trillado argumento de que no tenemos el recurso humano idóneo en el sector público. Este, créanme, no es el mayor problema. El principal obstáculo es la kafkiana legislación que hemos creado para el sector público: la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Endeudamiento, la Ley del Sistema Nacional de Control, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), normas de austeridad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), decretos de urgencia, directivas del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), etc.

Con todo este peso a cuestas, no hay forma de que una entidad estatal pueda ejecutar de una manera medianamente eficaz su presupuesto. Se necesitarían tener cientos de funcionarios mártires dispuestos a ser investigados hasta su muerte por las diferentes instancias de control del Estado. 

Una prueba de que la cantidad de normas es lo que frena la inversión es la situación del programa Obra por Impuestos. Con este programa, el gobierno pasa la batuta a las empresas privadas para que estas ejecuten proyectos de inversión con fondos públicos (adelanto de impuestos). Bueno, pues, este programa tiene comprometidos hasta hoy unos 1.000 millones de soles. Sin embargo, solo un 10% ha podido ser ejecutado. Ni los gerentes más proactivos del sector privado pueden enfrentar la maraña de trámites y controles del sector público.

La solución podría estar en la estrategia colombiana de asociaciones público-privadas (APP). Con este modelo, las empresas estatales colombianas con participación accionaria privada se rigen por leyes ad hoc y no están sujetas a las normas de una empresa pública. Esta sería una forma relativamente rápida para escapar a las trabas legales de hoy: APP que se rijan como empresas del sector privado.

Endeudarnos más hoy, sin cambiar el marco legal del sector público, no nos ayudará a cerrar la brecha de infraestructura. Por el contrario, sería una fuente de conflictos políticos y un mar de tentaciones para atraer gasto ineficiente, lobbies y corrupción. Al que no me crea, que revise la historia republicana del Perú. Los ejemplos sobran.