Las poblaciones vulnerables y las emergencias, por Elena Zúñiga

Proteger los derechos humanos es prioritario en cualquier circunstancia y en todo momento. Millones de personas alrededor del mundo están siendo afectadas por emergencias ocasionadas por desastres naturales, como sismos, inundaciones y tsunamis. En América Latina y el Caribe, año a año, aumenta el riesgo de ver mermados los esfuerzos de desarrollo por la ocurrencia de estos eventos, los cuales generan severos daños en la vida de las personas y cuantiosas pérdidas materiales.

Hoy, gracias al registro de entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil y el INEI, sabemos que gran parte de la población peruana vive en zonas que pueden sufrir el impacto de fenómenos naturales de alta intensidad. Según el Tyndall Centre de Inglaterra, el Perú es considerado el tercer país más vulnerable al cambio climático, por lo que es de esperar que la frecuencia e intensidad de estos eventos continúe incrementándose.

En este contexto, existen poblaciones cuya salud, derechos y vidas se encuentran particularmente en riesgo y cuyas necesidades específicas muchas veces no son identificadas y atendidas. Es ese el caso de las niñas, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores, al igual que el de las personas con discapacidad.

Las mujeres gestantes, por ejemplo, pueden sufrir complicaciones en su embarazo, debido al estrés emocional y a que la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva suele verse interrumpida en estas circunstancias. La violencia contra la mujer, y en específico la violencia sexual dirigida a jóvenes y adolescentes, puede aumentar en un contexto de escasez y falta de mecanismos adecuados de protección. Las personas con discapacidad y adultos mayores pueden verse impedidos de protegerse ante los embates de un fenómeno natural de alta intensidad.

Poblaciones como estas, ya enfrentaban escenarios bastante complejos y difíciles para disfrutar plenamente de sus derechos. Pero una emergencia suele agravar notablemente estas condiciones. Por ello, identificar y atender las necesidades específicas de estos grupos de población en la prevención de desastres y en la atención a emergencias es una prioridad.

El Perú, en los últimos 10 años, ha avanzado notablemente en la gestión de riesgo de desastres. Hoy cuenta con políticas que han sentado las bases para fortalecer las capacidades de recuperación y mejorar la protección de las poblaciones más vulnerables frente a fenómenos naturales de alta intensidad. Para consolidar este progreso, es necesario intensificar los esfuerzos para que las necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables sean plenamente incorporadas en la gestión de riesgo de desastres.

En este contexto, el trabajo permanente y el creciente compromiso de todos los actores políticos, sectores de gobierno, organismos de la cooperación internacional y de la sociedad civil por incluir a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad en los planes de gobierno y en las políticas, planes y programas de gestión de riesgo de desastres es crucial. Este esfuerzo se reflejará en la adecuada atención a las demandas y sugerencias de las propias poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, reconociendo su capacidad de contribuir como agentes de cambio y asegurando su participación efectiva y el ejercicio de sus derechos.

La dignidad, la seguridad y la salud reproductiva de las personas en situaciones de vulnerabilidad son derechos que tienen que ser protegidos en todo momento y bajo cualquier circunstancia. La coyuntura pre-electoral nos ofrece la oportunidad de darles la importancia debida en la agenda política y pública.