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De acuerdo a cifras del INEI, la pobreza afecta más a quienes tienen como lengua materna una de las 47 lenguas indígenas que existen en nuestro país. La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2014 señala que el 60,4% de la población de comunidades nativas se encuentra en situación de pobreza, mientras que el 20,1% vive en extrema pobreza.
Esto significa que la incidencia de la pobreza entre la población indígena duplica a quienes tienen como lengua materna el castellano. Un dato más, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del 2014 indica que solo el 19,9% de las gestantes nativas recibieron control prenatal, mientras que el 90,7% de las gestantes no indígenas sí lo tuvieron. Como estos, otros indicadores nos llevan a una misma conclusión: las brechas de acceso a servicios públicos entre la población indígena y no indígena son inmensas.
Estas cifras nos obligan a reconocer que en el Perú determinadas poblaciones en razón de su pertenencia a un grupo étnico no han tenido igual acceso a oportunidades como educación, salud, agua y saneamiento o electricidad. Esto sin entrar a discutir la calidad de los servicios a los que tienen acceso y la adecuación a su propia cultura. El reciente informe del Banco Mundial “Latinoamérica indígena en el siglo XXI” concluye que el hecho de nacer de padres indígenas aumenta marcadamente la probabilidad de crecer en un hogar pobre, lo que impide el pleno desarrollo de los niños indígenas y los ancla en la pobreza.
Por eso a la hora de plantearnos metas a fin de reducir la pobreza en el Perú debemos tener en consideración el diseño de políticas y mecanismos particulares para abordarla. Se requiere innovar en la política social para dar respuesta a contextos de alta dispersión geográfica, de baja densidad poblacional, con economías ajenas al mercado –por lo costoso y su baja producción– y en donde el día a día se sobrelleva con actividades tradicionales como la caza y la pesca.
¿Cómo hacerlo? Primero asumiendo costos diferenciados; vacunar a un niño indígena costará mucho más que a un niño en otra zona del país. Segundo, reconocer que las cifras sobre grupos étnicos se encuentran subsumidas en los promedios del distrito, provincia o región. Si el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no hubiera hecho posible incorporar en el Sistema de Focalización de Hogares a todos los integrantes de comunidades nativas, las 32 comunidades indígenas de Madre de Dios seguirían sin acceder a los programas sociales al no cumplir con los quintiles 1 y 2 de pobreza del INEI.
Tercero, es necesario tomar en cuenta la variable étnica en la política y los programas sociales. Esto implica que las instituciones intervengan desde la convicción de que las acciones estatales no tienen el mismo impacto y aceptación en todas las culturas.
Cuarto, se debe considerar la riqueza cultural de estos pueblos como un activo para su desarrollo. Los conocimientos ancestrales de los pueblos en tecnologías agrícolas, ganadería, manejo forestal o gestión del agua no implican actualmente ningún beneficio económico para estas y no son considerados como activos que puedan ser usados para la generación de ingresos.
Nuestro país no puede llegar al bicentenario manteniendo estas exclusiones, ni seguir encubriendo el rostro indígena de la pobreza. Si no innovamos y apostamos por políticas diferenciadas, seremos testigos de la lenta y silenciosa desaparición de nuestros 55 pueblos indígenas.