Pobreza indígena y conflictos sociales

Los muertos que nos ha dejado la crisis política de diciembre han despertado una discusión alrededor del estado de salud de nuestra democracia e instituciones políticas. La conclusión es que estamos ante un Estado en cuidados intensivos. Pero igual de crítica es la situación de los partidos políticos y no hay, en el corto plazo, voluntad y claridad para encaminar las reformas que necesitamos.

Entre alguna de las explicaciones a las protestas está, como cada vez que se desata un conflicto por ejemplo en zonas mineras, la que indica que la población vive en una situación de pobreza y, además, muchos de ellos en territorios identificados como indígenas. Pero ¿es la pobreza y el ser indígena la causa para explicar el comportamiento político de los actores?

En el Perú, la pobreza se mide por pobreza monetaria; es decir, ingresos y capacidad de consumo de una canasta básica de alimentos. Por eso la pobreza extrema es rural, dado que la población es básicamente agrícola y siembra para el autoconsumo. Por ello, todos los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) están concentrados en zonas rurales. De otro lado, en la superposición de mapas de pobreza y etnicidad, estos parecen como caras de una misma moneda. Por ejemplo, en el caso de la población indígena, tan solo un 18,6% accede al agua por red pública, únicamente un 7,1% al alcantarillado por red pública y un 29,3% al alumbrado eléctrico por red pública (INEI 2018). La cifra de pobreza antes de la pandemia indicaba que el 32,9% de los indígenas era pobre en contraposición con el 18,6% de los no indígenas.

Pero esto se repite en todos los países del mundo. La OIT en su informe de diciembre del 2022 sobre la situación en América Latina en materia de protección social de los pueblos indígenas señala que “hay tendencias globales que se reproducen en la región, como la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y entre los más pobres, el bajo acceso al trabajo decente, así como los obstáculos a su acceso a la educación y a la participación política”.

El censo del 2017 nos arroja como dato que el 26% de la población peruana se autoidentifica como indígena; de estos, el 96,4% se auto reconoce como indígenas andinos y el 3,6% como amazónicos. La sorpresa es que la mayoría de los indígenas andinos está en Lima. De la población que se autoidentifica como indígena u originaria, cerca del 23% se encuentra en Lima, el 14% en Puno, el 12% en Cusco y aproximadamente el otro 50% en el resto de las regiones del país.

Lima tiene el mayor rostro indígena del Perú, pero no le asignamos esa etiqueta porque en nuestro imaginario lo indígena sigue vistiendo ropas diferentes y viviendo en la ruralidad. Pero la migración del campo a la ciudad nos cambió el rostro del Perú, los indígenas que migraron debieron aculturarse para encajar en la vida de las ciudades.

Por ello, hay que reconocer que las protestas desatadas en Lima y en otras regiones no tienen que ver con demandas de pobreza o de reivindicación étnica. En Chile, el pueblo indígena Mapuche logró llevar a Elisa Loncon a presidir la Convención Constituyente; en Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) paralizó el país en junio del 2022; y en Colombia, las movilizaciones indígenas en el 2020 pusieron en jaque al gobierno de Duque. En el Perú, Bagua está en la memoria, pero es un fenómeno explicado por otras causas y por una respuesta estatal racista que nos llevó a esa tragedia de los muertos y heridos.

En el Perú, por diversas razones históricas, los movimientos sociales se desligaron de la reivindicación étnica como parte de su discurso político. Salvo las organizaciones amazónicas que mantienen una estructura orgánica y territorial.

Esto no niega la situación de pobreza, desigualdad y exclusión en la que vive la población indígena. Entonces, si los pueblos indígenas que son los más pobres de este país son los ausentes en las agendas de la protesta, ¿por qué no tener la decisión política para avanzar con políticas sociales de distribución e inclusión y cerrar las brechas que hemos señalado? Parte del problema es que estas son de largo plazo, deben trascender a un gobierno y montarse sobre una institucionalidad técnica y estable, que es lo que menos hemos tenido.

Hay que retomar la agenda de políticas de Estado e implementar políticas con enfoque diferencial e intercultural para brindar respuestas efectivas a esa pobreza indígena rural y urbana, pero no para solucionar un conflicto o parar una movilización, sino porque es una obligación estatal garantizar derechos y tomar la oportunidad de que en el Perú lo que más anhelan los pueblos indígenas es bienestar y desarrollo.