La crisis política no es un asunto policial

Conocí el verdadero rostro de Pedro Castillo en el 2017. Era el mascarón de proa del Movadef y, para levantar la huelga que encabezó ese año, pedía la administración de la Derrama Magisterial. Por supuesto que lo combatimos, a pesar de sus defensores (parlamentarios fujimoristas y apristas). Este personaje pudo pasar a la historia, pero, de manera muy natural, eligió ser el cabecilla de una presunta organización criminal.

Cuando pretendió dar un golpe de Estado, más del 80% de peruanos pedía que se vayan todos (IEP/Ipsos, diciembre 2022). Sin embargo, Dina Boluarte decidió jurar hasta el 2026, recibiendo los aplausos del Congreso. Es más, para que la nueva alianza quedara bien asentada, el nuevo gobierno propuso que el presidente del Congreso fuese, al mismo tiempo, su vicepresidente.

La indignación de la mayoría de los peruanos se convirtió con rapidez en protesta, especialmente en las zonas rurales de las regiones del sur. Aquí hay un elemento identitario que debería ser analizado con atención. A partir de este sector social movilizado se montaron, con el oportunismo que los caracteriza, los operadores del Movadef, antauristas, mineros y cocaleros ilegales. Si revisamos un poco de historia reciente, descubriremos que son exactamente los mismos actores que en el 2015 intentaron formar el Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), liderados por Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, miembros activos del Movadef. Resulta claro que Pedro Castillo estaba reconstruyendo ese ‘caballo de Troya’ para convertirlo en la masa movilizable de su estructura criminal.

Los sectores conservadores y de derecha del Congreso convenientemente encontraron al viejo fantasma rojo como el gran culpable de todos los males. La izquierda que cogobernó con Castillo también necesitaba un escenario polarizado que le permitiera recolocarse políticamente y, con un poco de suerte, inclusive fabricar su momento constituyente. En este río revuelto, unos reclaman la militarización del país como argumento central para quedarse hasta el 2026. Desde la otra orilla, siguen atizando el conflicto y pretenden convertirse en los abanderados de la lucha contra la supuesta dictadura. Como vemos, el actual conflicto político, especialmente los muertos y heridos, es muy funcional para nuestra clase política. Todos sacan algún provecho de él. No les interesa que, según la última encuesta del IEP, el 73% de peruanos pide elecciones generales y un porcentaje mayor, el cierre del Congreso.

En los próximos meses y años alguien tendrá que pagar la factura de este desmadre. Las cortes supranacionales están siguiendo con mucha atención la actuación de las fuerzas del orden y las decisiones políticas que la originaron. Aquí no servirá el argumento de los violentistas infiltrados, porque el responsable de neutralizarlos y de garantizar el ejercicio de un derecho constitucional es única y exclusivamente el gobierno. Si no pudo o no quiso hacer ninguna de las dos cosas, ese ya es, de por sí, un primer problema.

Precisamente por ello es necesario insistir en que las Fuerzas Armadas y especialmente la Policía Nacional no son y no deben ser los encargados de resolver el conflicto político. Basta de instrumentalizarlos y empujarlos a procesos penales que se convertirán en una pesada cruz que, como siempre, tendrán que cargar solos. El Gobierno y el Congreso son los responsables de encontrar fórmulas que nos permitan salir de este hoyo profundo en el que nos dejaron Pedro Castillo y sus aliados. No sigan abriendo más brechas entre el Estado y los peruanos más vulnerables, ese es terreno fértil para el discurso del candidato que representa a los antisistemas y a las economías ilegales que, por cierto, ya está en campaña.