Política de lucha contra las drogas, por Ernesto Samper Pizano

José Mujica, presidente de Uruguay, logró que el Congreso de su país aprobara la legalización de la producción, distribución y consumo de la marihuana. Evo Morales, presidente de Bolivia, obtuvo una resonante victoria en la Junta de Estupefacientes de las Naciones Unidas que aceptó el consumo cultural de la coca como norma internacional. Otto Pérez, presidente de Guatemala, lanzó una política alternativa de lucha contra las drogas para contener el avance de las organizaciones criminales del narcotráfico que se están apoderando de Centroamérica. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, aceptó sentarse en la última Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena de Indias, a discutir con los mandatarios de la región caminos alternativos a la actual política represiva contra las drogas que tiene narcotizada la agenda de relaciones de los Estados Unidos con el hemisferio. En ese mismo escenario, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, propuso gravar las utilidades de los narcotraficantes como una forma de sacarlos del mercado. Para la misma época, los estados de Washington y Colorado aprobaron sendos referendos que, siguiendo el espíritu de la Proposición 19 de California que obtuvo un respaldo del 48% de los ciudadanos, aprobaron la legalización de cultivos, estancos y consumos de marihuana. Frente a esta realidad, que habría sido considerada un relato de García Márquez hace diez años, es entendible preguntar ¿qué es lo que está pasando con la política de lucha contra las drogas en el mundo y por qué el protagonismo de América en este inusitado giro?

 La respuesta es sencilla: la política prohibicionista como estrategia de lucha internacional contra la producción, venta y uso de drogas ilegales está fracasando y América Latina está liderando su denuncia. El fracaso lo prueba el hecho de que hoy existan 300 millones de consumidores de estupefacientes y que el mundo ya no esté dividido, como antes, entre países productores y consumidores porque hay países consumidores que se convirtieron en productores, como Estados Unidos, que produce el 60% de la marihuana, y productores que hoy son grandes consumidores como Brasil. 

No deja de ser una paradoja que esto suceda cuando se cumplen cien años del nacimiento de la actual política fiscalizadora que empezó cuando se celebraron los tratados de lucha contra el opio al comenzar el siglo XX. Desde entonces se ha venido desarrollando una fuerte política de interdicción de una larga lista de sustancias prohibidas parecida al “índex” de la Inquisición. 

Esta dinámica intervencionista ha estado retroalimentada por su propia ineficacia: los señores de la droga viven del riesgo que crean las autoridades encargadas de combatirlos, a mayor riesgo mayores utilidades. Los modelos económicos trabajados por economistas notables como el premio Nobel Gary Becker han señalado que la insistencia en diseñar políticas de control de las drogas ilícitas que siguen modelos aplicados a bienes legales lleva el tema a la sinrazón del mito de Sísifo cuyo castigo no estaba en el esfuerzo físico de subir siempre la pesada piedra como en el desgaste psicológico de la inutilidad de hacerlo eternamente. Los precios de las drogas son inelásticos a los vaivenes de la oferta de las mismas y se mueven en contravía de ella: cuando se captura un cargamento de drogas ilícitas, las reglas del mercado subterráneo en que se mueven estas mercancías determinan que los precios no suban –lo cual desestimularía su consumo–, sino que se mantengan e inclusive bajen porque los narcotraficantes se encargan de nivelar con sus existencias o a través de peligrosas mezclas con otras sustancias el impacto de la interdicción violenta del mercado.

¿Qué hacer frente a esta realidad? La solución no es por supuesto la legalización. No se puede saltar del fundamentalismo prohibicionista al fundamentalismo legalizador de que cada quien pueda consumir lo que le dé la gana en la forma en que le plazca. La solución es la descriminalización. Mantener el carácter antisocial del consumo de drogas nocivas, pero darle un tratamiento menos punitivo y más preventivo como respuesta: menos policías y carceleros y más maestros y médicos. De lo que se trata es de establecer diferencias entre tipos de drogas (empezando por la marihuana), tipos de consumidores (proteger a los menores), niveles de consumo (salud pública para los adictos, educación para los usuarios recreativos) e intervenciones selectivas del Estado a través de impuestos, campañas de prevención y acompañamientos psicosociales, como en el caso del tabaco que ha demostrado ser mucho más efectivo que el control punitivo. Se trata, en síntesis, de una nueva política para reemplazar la vieja estrategia fiscalizadora que está resultando demasiado costosa y poco efectiva como lo plantea la tesis de Einstein para quien la forma más sofisticada de locura es pretender que haciendo siempre las mismas cosas se van a conseguir resultados distintos.