¿Por qué se necesitan ciudades accesibles para las personas con discapacidad?

El jueves 29 de julio se publicó la Ley 31847, que declara el 8 de agosto como el Día Nacional de la Accesibilidad. Si bien se trata de una ley declarativa –es decir, sin un mandato concreto o sanción por su incumplimiento–, dispone de manera genérica que los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Economía y Finanzas; Transportes y Comunicaciones; y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, articulen las acciones necesarias para su implementación. A su vez, la norma declara de interés nacional el diseño y la implementación progresiva de ciudades accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Más allá de las buenas intenciones, ¿por qué necesitamos un marco institucional que garantice el acceso universal al espacio público? Cuando hablamos de acceso universal hablamos de diseño accesible para todos. Hablamos de cruces seguros, veredas amplias, bancas para sentarse, arbolado que dé sombra, basureros, estacionamientos para bicicletas, entre otros; así como medidas de pacificación del tránsito: ampliación de aceras para giros, bermas centrales espaciosas y mayores tiempos de cruce peatonal en intersecciones semaforizadas. Estas medidas son ideales para personas con discapacidad física, visual, auditiva o cognitivas y, a su vez, resultan útiles para todas las personas, por lo que el beneficio es universal.

Necesitamos rampas en todas las intersecciones y necesitamos veredas con más de tres metros de ancho que permitan el desplazamiento de personas en sillas de ruedas, pero también de adultos mayores, infantes, personas con coches para bebes, carros de compras o maletas, así como también para ayudar al desplazamiento de mercancías a través de carretillas en zonas de alta actividad comercial.

Hay que recordar que las personas con discapacidad son un grupo vulnerable frente a la falta de oportunidades de empleo. En ese sentido, la inversión pública y privada en movilidad, transporte público e infraestructura accesible mejorará inmensamente el acceso a la educación, el empleo y la vivienda para personas con discapacidad. Ello se traducirá en una mayor competitividad para la ciudad, así como también en la creación de una mayor base tributaria.

De igual forma, debemos recordar que la población se encuentra en progresivo envejecimiento, por lo que se debe garantizar que los adultos mayores puedan hacer sus desplazamientos con autonomía y libertad. El acceso universal lo garantiza.

Si bien existe la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, así como la norma técnica A.120, “Accesibilidad Universal en Edificaciones”, del reglamento nacional de edificaciones, ¿por qué las veredas en las principales avenidas del país no pasan el metro de ancho o por qué los ingresos de los edificios solo tienen escaleras?

Esta pregunta solo se puede responder mirando la falta de voluntad política en todos los niveles de gobierno, y la falta de un marco institucional que garantice la progresiva adecuación de la infraestructura, así como su financiamiento. Sin ello, nos quedaremos atrapados en leyes declarativas que no solucionan los problemas de poblaciones vulnerables.