Atrapados en el pasado

Mientras que en otros países se discuten esfuerzos por garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación, en especial, de la prensa investigativa y la local, en el Perú se aprueba en primera votación un proyecto de ley que endurece las penas contra los periodistas.

A la par que en otras jurisdicciones se aprueban y mejoran normas anti-SLAPP, que desincentivan las acciones judiciales maliciosas que buscan amedrentar la libertad de expresión, en nuestro país, periodistas como Paola Ugaz son acosadas judicialmente por años con el fin de silenciarla.

El tiempo avanza y nosotros retrocedemos. Treinta y ocho años para ser exactos, si tomamos en cuenta el año en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que imponer controles oficiales como la colegiación obligatoria para ejercer el periodismo era un atentado contra la libertad de expresión y una sociedad democrática. La congresista Noelia Herrera de Renovación Popular, que plantea precisamente lo opuesto (PL-4177), o vive en 1984, o quisiera habitar el universo distópico de la novela epónima de George Orwell.

También viajamos 15 años atrás, cuando la Corte IDH, en el caso “Kimel”, advirtió de los peligros para la libertad de expresión de una tipificación imprecisa de los delitos de calumnia e injuria como la que se usó en Argentina para censurar la crítica a un funcionario público. Y fue hace cuatro años cuando esa Corte dijo explícitamente, en el caso “Álvarez vs. Venezuela”, que no se podía sancionar penalmente las expresiones que versaran sobre las conductas de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

Quizá algunos legisladores encuentren cierto beneficio de corto plazo al impulsar estas iniciativas. Intimidar a los periodistas puede ser buen negocio cuando el tiempo apremia, y muchos de los parlamentarios que hoy “mochan” sueldos, cobran viajes vacacionales como si fueran de representación, y se comportan como “niños”, compiten contra el reloj antes de que culminen sus 15 minutos de fama y poder. Los radicalismos de derecha e izquierda se reconcilian, así, en una conchabanza efímera contra la prensa y su propia intrascendencia.

Pero, en esta oportunidad, me dirijo a aquellos congresistas que quieran hacer una carrera política. ¿Realmente les conviene arrinconar a la prensa? ¿Favorece a sus intereses tener a un periodismo sumiso al poder de turno? ¿Qué pasará cuando les toque ser minoría u oposición? No creo que hayan olvidado que, hace apenas unos meses, un presidente que constantemente intentaba doblegar a la prensa dio un golpe de Estado, que felizmente no dio frutos. ¿Qué hubiera pasado si esos impulsos dictatoriales hubieran recibido ecos mediáticos favorables? ¿Qué pasaría en el futuro si otro bravucón autoritario pudiera querellar a cuanto crítico le aparezca, o vetar a los periodistas que incumplen el requisito que le antoje y sirva de excusa?

Avasallar a la prensa no es un buen negocio para los periodistas, para los ciudadanos, ni siquiera para los políticos, al menos no para aquellos que quieren vivir en una democracia.

Por supuesto que la libertad de expresión tiene límites, pero si lo que se buscara fuera un ejercicio más responsable del periodismo, la discusión transitaría por otros caminos.

Por ejemplo, ¿por qué no legislar para hacer un proceso civil más expeditivo de rectificación y reparación de los indebidamente afectados en su honor y reputación? La indemnización a una persona o empresa injustamente agraviada es una forma apropiada para que los medios se hagan responsables de lo que difunden y sean más diligentes. Hace poco veíamos cómo la cadena televisiva Fox News tuvo que pagar cerca de US$800 millones para concluir un juicio por haber difundido mentiras sobre las máquinas de votación de la empresa Dominion y un inexistente fraude electoral contra Donald Trump.

Otra forma de procurar mejores estándares periodísticos sería a través del fomento de la autorregulación. Existen ya algunos organismos como la Comisión de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa. Pero no todos los medios de comunicación aceptan la autorregulación. También se puede criticar que estos organismos no tienen suficientes “dientes” para incentivar a que las empresas periodísticas tengan reglas éticas más estrictas y las cumplan. Allí hay espacios de mejora para alcanzar una autorregulación de mejor nivel, sin el peligro de censuras estatales.

De hecho, algunas de estas propuestas ya se encuentran desarrolladas en el “Anteproyecto de Ley” que hace unos años elaboramos desde la Clínica Jurídica de Libertades Informativas, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Peruano de Economía. Estas están disponibles para los legisladores que quieran, seriamente, fomentar una prensa más responsable en su labor.

No es anómalo que el poder político y el poder mediático convivan en tensión. El segundo vigila al primero, y el primero, a veces, responde. Pero es ridículo que el Congreso apueste por salidas anacrónicas que, en última instancia, terminarán por perjudicarlos a ellos mismos cuando haga falta una prensa vigilante.

Evocar el pasado, sobre todo para aprender de él, no tiene nada de anómalo. Vivir en él, en cambio, es ridículo.

PD: ¡Feliz día de las madres! En especial, a Gladys López, mi mamá.

*El autor es presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana