Los programas sociales en el debate público, por Norma Correa

Desde la publicación del informe oficial del Instituto Nacional de Estadística (INEI) sobre la evolución de la pobreza monetaria a fines de abril, mucho se ha dicho y escrito sobre sus resultados. El interés público se ha concentrado en el incremento de la pobreza monetaria de 20,7% a 21,7% y, especialmente, en el aumento de ciudadanos en condición de pobreza en Lima Metropolitana. En una columna publicada en este Diario (“La pobreza en la era Vizcarra”, 31/3/2018) expresaba mi preocupación por la pérdida de prioridad política y presencia pública de la agenda social en los últimos años. El reciente informe del INEI ha tenido como efecto colocar a la pobreza y a las políticas orientadas a superarla en un lugar importante en la agenda pública. Enhorabuena. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre la calidad del debate público respecto a estos asuntos y para ello me centraré en los programas sociales, sobre los cuales mucho se habla, pero poco se comprende. 

En el debate mediático existen al menos tres formas de hablar sobre los programas sociales. Por un lado, encontramos un registro presupuestal, aquel preocupado por el incremento de recursos en los pliegos sectoriales, el costo-beneficio de la inversión social y la focalización (es decir, que los programas lleguen a quienes realmente los necesitan). Por otro lado, hablamos sobre los programas sociales desde los resultados técnicos que deberían alcanzar; es decir, desde indicadores y metas. Finalmente, encontramos las denuncias: usualmente los programas sociales llegan a las portadas o noticieros cuando están en problemas o enfrentan crisis de implementación. 

Si bien estas formas de referirnos a los programas sociales responden a preocupaciones que comparto sobre la calidad de la inversión social, también generan sesgos muy presentes en el debate público. Por ejemplo, se suele referir a los programas sociales como una masa homogénea, sin reconocer sus diferencias a nivel de diseño, implementación y evaluación. Es incorrecto colocar al mismo nivel un programa claramente asistencialista como el Vaso de Leche (PVL), sobre el cual existe abundante evidencia de su ineficacia y altos riesgos de corrupción, con otros programas sociales técnicamente más sólidos, con resultados positivos y ámbitos de mejora identificados a través de evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Este es el caso de Juntos (transferencias monetarias condicionadas presentes desde el año 2005) y Haku Wiñay-Foncodes (desarrollo productivo en pequeños agricultores, creado en el 2012, pero basado en aprendizajes acumulados en dos décadas). 

Por otro lado, resulta paradójico que ciertos sectores de la opinión pública pretendan usar los programas sociales como chivo expiatorio por el incremento de la pobreza, cuando a estas alturas del partido debe quedar claro que si bien los programas sociales cumplen un rol importante para los hogares que sufren la pobreza más severa, nadie saldrá de la pobreza únicamente por dichas intervenciones. El crecimiento económico, el aumento del empleo y el incremento de la inversión pública y privada son y serán componentes fundamentales de la agenda de reducción de la pobreza del Perú. 

Finalmente, estamos más acostumbrados a escuchar sobre los problemas de los programas sociales, sean reales o inflados, que sobre la forma como contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en situación de pobreza en costa, sierra y selva. Esto último requiere recorrer el Perú, conocer los diferentes contextos de implementación de los programas sociales, escuchar y convivir con sus usuarios. En diversos lugares del país –como las zonas alejadas de la Amazonía– estos programas sociales han servido para llevar por primera vez servicios públicos a ciudadanos largamente olvidados. 

¿Deben los programas sociales mejorar? Claro que sí, no son perfectos, pero cualquier intento por fortalecerlos deberá estar basado en evidencias y no solo en buenas intenciones o declaraciones efectistas, superando la tentación de refundar sectores que tantas pérdidas de eficiencia le ha generado al Estado. Para elevar el nivel de debate público sobre las políticas de superación de la pobreza se requiere una comprensión profunda de las cifras, pero también conocimiento desde el terreno sobre los efectos de los programas sociales. Asimismo, se requieren superar los prejuicios sobre los usuarios de los programas sociales (usualmente referidos como ociosos dependientes del Estado), los cuales no solo reflejan desconocimiento sino también las profundas distancias culturales que caracterizan a nuestra sociedad. 

Tenemos la responsabilidad de promover una discusión constructiva e informada sobre las políticas de superación de la pobreza que brinde continuidad a aquellas medidas que han dado resultados positivos y que nos permitan identificar nuevas soluciones para problemas persistentes. Sin dejar de recordar, claro está, que detrás de las cifras de pobreza y los recursos públicos invertidos en programas sociales no solo hay retos, sino también la esperanza y la confianza de millones de ciudadanos que, a pesar de la falta de oportunidades, no pierden las ganas de superarse y mejorar su calidad de vida.